Grave crisis política e institucional en Venezuela La decisión del gobierno de suspender el revocatorio marca un peligroso quiebre que exige una acción más decidida de la comunidad regional.
DESDE QUE en abril pasado la oposición venezolana inició el proceso para llevar adelante un referéndum revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro, consagrado en la constitución bolivariana, el gobierno venezolano utilizó todo tipo de resquicios legales para dilatar el proceso. El objetivo era lograr que la consulta se realizara después del 10 de enero de 2017, lo que permitiría al presidente, en caso de ser revocado del cargo, evitar la convocatoria a elecciones y dejar en su lugar al vicepresidente, designado por él mismo. Maduro aprovechó el hecho de que el chavismo tiene cooptado a las principales instituciones del país, como el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral para llevar adelante una estrategia que llegó al extremo la semana pasada cuando cinco tribunales estatales dictaron medidas cautelares y suspendieron la consulta.
Las acciones de los magistrados no sólo le pusieron una lápida al proceso sino que dejaron en evidencia el nulo compromiso democrático del gobierno venezolano, que días antes ya había anunciado la postergación de la elección de gobernadores. Según Maduro, la prioridad “no es realizar elecciones sino recuperar la economía”, como si esa fuera una razón válida para limitar el derecho de los ciudadanos a expresar su voluntad en las urnas. Medidas como esta profundizan la deriva autoritaria del régimen, agravada por la severa crisis humanitaria que vive Venezuela y que el gobierno niega. Un informe de Human Rights Watch, conocido el lunes, indica, por ejemplo, que la mortalidad materna creció 79% este año y la escasez de medicamentos básicos bordea el 80%.
La negativa de Maduro a permitir que la ciudadanía se exprese en las urnas sumado a que, según los sondeos, cerca de un 80% de los venezolanos rechaza al actual mandatario, sólo contribuye a elevar la tensión. Por ello, sostener como aseguró la oposición el domingo pasado en una declaración aprobada por la Asamblea Nacional que las medidas del gobierno representan “una ruptura el orden constitucional y la existencia de un golpe de estado del régimen de Maduro contra la Constitución y del pueblo venezolano” no se aleja de la realidad y da cuenta del peligroso extremo al que está llegando el país. Como dijo el coordinador político del partido del líder opositor Leopoldo López, en una entrevista, “Venezuela está al borde del estallido social”.
En este escenario el anuncio del inicio de un diálogo entre el gobierno y la oposición mediado por el Vaticano puede ser un camino para encontrar una salida a la crisis, siempre que éste no termine convirtiéndose en una nueva estrategia del régimen para ganar tiempo. Ni el Vaticano ni los países de la región pueden permitir que eso suceda. Por ello, es imperioso que la comunidad internacional asuma un rol más activo y utilice todos los mecanismos disponibles para buscar una solución. De poco sirve hoy limitarse a declaraciones de condena. El sistema interamericano cuenta con mecanismos para actuar, como la Carta Democrática, que fue invocada en mayo por el secretario general de la OEA. Sin embargo, hasta hoy la decisión de activarla sigue pendiente. Una demora cuyos costos están siendo cada vez más altos para el pueblo venezolano.