Discriminación entre alumnos

AL IGUAL como ha venido ocurriendo en los últimos años, la Ley de Presupuesto para 2017 insiste en introducir discriminaciones arbitrarias entre los alumnos de la educación escolar. Quienes elijan estudiar en establecimientos municipales recibirán más recursos para financiar su educación respecto de aquellos que escojan la educación particular subvencionada. Lo anterior es un trato desigual inaceptable en un contexto donde no sólo existen garantías constitucionales para que las familias decidan dónde educar a sus hijos, sino que es parte de una tradición histórica en el país.

En 2017 los alumnos y sostenedores de la educación municipal tendrán recursos exclusivos de libre disposición, para programas de educación sexual, prevención de drogas, incentivo al deporte y para facilitar su acceso a la educación superior. También para mejoras en infraestructura y equipamiento. Si todas aquellas son iniciativas valiosas para los alumnos, ¿por qué excluir a la mayoría de la matrícula que optó por estudiar en establecimientos particulares?

Evidentemente la motivación es realzar, mediante este tipo de beneficios, la educación municipal en lugar de hacerse cargo de sus problemas de diseño manteniendo un trato igualitario con los alumnos. Parlamentarios han expresado su interés en que el porcentaje de alumnos que asiste a establecimientos municipales crezca a niveles como los que actualmente presentan países de la OCDE. Sin embargo, ello desconoce que en la mayoría de ellos no existe libertad de elección. En cambio, en los países donde esa libertad sí existe –Bélgica, Holanda, Irlanda, entre otros- los porcentajes son similares a los de nuestro país.

Es un error que el Estado insista en seguir introduciendo sesgos con cargo a fondos públicos que dificulten la decisión de las familias respecto al colegio de su preferencia.