Paro Anef

LOS FUNCIONARIOS públicos, liderados por la Anef, estuvieron casi tres semanas en paro. No es secreto para nadie que los paros de funcionarios públicos son ilegales. Sin embargo, nadie ha recibido castigo alguno por este rito anual al que los funcionarios públicos someten a sus conciudadanos, privándolos de servicios esenciales (como atención médica en establecimientos públicos o recolección de basura) o de trámites que deben realizarse oportunamente. Dicho sea de paso, esta prohibición no es producto de la dictadura sino que existe en muchas legislaciones en el mundo. Y el quid pro quo es la inamovilidad funcionaria, que no se aplica a trabajadores del sector privado. La intención de ambas disposiciones (la prohibición de los paros y la inamovilidad funcionaria) intentan proteger el bien común, impidiendo que los trabajadores dejen de brindar servicios esenciales y que los gobernantes de turno interfieran con la función pública.

Tampoco se puede argumentar que las remuneraciones de los funcionarios públicos se hayan quedado atrás con respecto a las del sector privado. Un cálculo rápido revela que, desde 2003, el aumento en el índice de remuneraciones del sector público ha superado al aumento en el índice de precios al consumidor en 40%. En otras palabras, sin ningún tipo de ascenso, un funcionario del sector público tendría en 2017 una remuneración real que es 40% superior a la que tenía en 2003. Incluso el reajuste para 2017 (3,2%), la razón por la cual se nos sometió a los rigores de este largo paro, será superior a la inflación (menos del 3%).

Quizás el costo mayor de los paros del sector público sea el resquebrajamiento de nuestro vapuleado estado de dere- cho. Cuando grupos organizados de ciudadanos a sabiendas rompen la ley, sin recibir castigo alguno por sus actos, otros ineludiblemente se sentirán autorizados para hacer valer sus reclamos o puntos de vista por medios ilegales. Ya lo hemos visto en las tomas de colegios o recintos universitarios. Por lo tanto, lo que se afecta es el grado de confianza que los individuos tienen en sus instituciones.

En una economía de mercado, la falta de respeto por la ley tiene consecuencias. Muchas transacciones de beneficio mutuo dejan de realizarse. En algunas sociedades, el alto grado de capital social (confianza mutua) hace que la ley sea un recurso de última instancia. En otras, como la nuestra, donde prima la desconfianza, existe una creciente judicialización de las relaciones entre las partes en cualquier transacción. Ahora, si más encima la ley no se cumple, como en los acontecimientos que estamos comentando, las consecuencias pueden ser extraordinariamente adversas. No solo se deja de confiar en otros, sino que se comienza a desconfiar en la capacidad real de las personas para hacer valer sus derechos y en la voluntad de las autoridades velar por ellos. Las consecuencias para la inversión, el desarrollo económico y la calidad de vida pueden ser extraordinariamente adversas. Es importante, entonces, que nuestras autoridades no le tengan temor a hacer cumplir la ley, antes de ponerse a pensar en nuevas reformas legales. Quizás el costo mayor de los paros de funcionarios del sector público, sea el resquebrajamiento de nuestro vapuleado estado de derecho. TERMINARON LAS negociaciones sobre cambio climático en Marrakech y a la fecha son 114 naciones las que han ratificado el acuerdo de París, de las 197 que forman parte de la convención. El gobierno de Chile presentó el proyecto de ley que contiene este acuerdo el pasado 21 de octubre al Congreso para su aprobación. Como Consejo Minero apoyamos su pronta ratificación para que nuestro país pueda ser parte activa de este acuerdo.

En París se instó a las naciones a proponer un plan para reducir sus emisiones de carbono. En materia de mitigación, la contribución de Chile compromete una reducción de emisiones por unidad de PIB de un 30% al año 2030 con respecto al 2007 y una ambición mayor, de hasta un 45%, si se cuenta con aportes monetarios internacionales para ello. Todo lo anterior, si es que se da un crecimiento económico futuro que le permita implementar las medidas adecuadas. Para alcanzar estos compromisos en mitigación sin dañar nuestro crecimiento y desarrollo sustentable, lo primero será identificar como país las acciones y medidas adecuadas.

Como sector, ya comenzamos a trabajar. El Consejo Minero creó 10 principios que abordan la mitigación, adaptación y desarrollo de capacidades. Este documento, junto con reconocer que la actividad minera emite gases efecto invernadero, deja explícito el aporte de la industria en diferentes ámbitos.

Referente a la mitigación, apoyamos la adopción de medidas costo efectivas. En particular, impulsamos el uso de instrumentos basados en el mercado y aquellos que propicien la innovación, además de la promoción de tecnologías de baja emisión para la generación eléctrica y la eficiencia energética para reducir emisiones de gases de efecto invernadero; esto último, sin descuidar los objetivos de suministro económico, seguro y continuo, algo que es fundamental para la minería.

El principal aporte de la industria minera en términos de emisiones se asocia al consumo energético, tanto eléctrico como por del uso de diversos combustibles. Como sector hemos propuesto mantener y profundizar la eficiencia energética en las operaciones, compartiendo los avances, las mejoras e innovaciones implementadas.

En el ámbito de la adaptación, creemos que es importante continuar incluyendo en el di- seño y operación de las faenas mineras la necesidad de adaptación al cambio climático, esto último también para las comunidades aledañas a las operaciones, en el marco de los procesos de relacionamiento y creación de valor compartido.

Por último, nos resulta de gran importancia relevar el aporte que hace la actividad minera a la mitigación mediante la producción de metales que permiten una transmisión y uso eficiente de la electricidad; en ese sentido, el cobre es uno de los metales que más beneficios aporta, siendo un excelente conductor energético con un 99,9% de efectividad y un mineral 100% reciclable.

En definitiva, mediante estos principios el sector de la gran minería, que es fundamental para el crecimiento sostenible de Chile, se compromete a continuar participando activamente en las distintas iniciativas públicas y privadas que propicien la búsqueda de medidas para la mitigación, adaptación y fortalecimiento de capacidades en materias de cambio climático, consistentes con las ideas anteriormente mencionadas. Invitamos a otros sectores que se sumen, porque el cambio climático es un desafío global que nos involucra a todos.