Compromiso incumplido en calidad de educación
LA LEY General de Educación aprobada durante el primer mandato de la Presidenta Bachelet estableció el cambio institucional más importante del sistema educativo de nuestro país. Una ley posterior creó la Superintendencia de Educación, que vela por el cumplimiento de la normativa, y la Agencia de Calidad que evalúa y orienta a los establecimientos para su mejora e informa a las familias. Lamentablemente esta última institución, que entró en operaciones en 2012, aún no ha entrado plenamente en funcionamiento y no pareciera que el gobierno le haya dado la urgencia debida, en tanto los órganos llamados a fiscalizar –Cámara de Diputados y Contraloríatampoco parecen estar cumpliendo adecuadamente su misión.
La ordenación busca clasificar a los establecimientos escolares de acuerdo a resultados académicos y otros indicadores de calidad para evaluar integralmente su quehacer considerando también el contexto socioeconómico de los alumnos que educan. Ésta debió ponerse en marcha en diciembre de 2014 para enseñanza básica y media, plazo que fue pospuesto por las autoridades para asegurar una adecuada implementación en ambos niveles. Sin embargo, a un año de dicha postergación aún no se ha entregado la primera ordenación. Así, la Agencia, que cuenta con un presupuesto de $ 34 mil millones, no ha entrado en régimen, retrasando las medidas de apoyo para los establecimientos de bajo desempeño, la información a las familias y la correcta entrega de los recursos asociados a la subvención preferencial.
Hace dos meses este mismo diario advirtió acerca de este retraso, y los directivos de la Agencia se comprometieron a que en noviembre se daría a conocer la ordenación, cosa que no ocurrió. La no aplicación de una ley vigente y sus respectivos decretos es un hecho grave, y denota la poca urgencia del actual gobierno por elevar el nivel de los aprendizajes.