Tratar la inmigración como a hordas de personas de baja calificación que vienen a usufructuar de los servicios sociales denota también prejuicio e ignorancia.

La necesidad de una nueva ley migratoria es tan indiscutible como el imperativo de hacerla en base a una reflexión seria e informada. El riesgo, en caso contrario, es caer en la tentación populista de ganar votos generando una falsa correlación entre inmigrantes y delincuencia. Entrar en esa lógica es cruzar una delgada línea cargada de tensión y polarización.

Chile es un estado de derecho donde la justicia -no el gobernante de turno- define si alguien ha cometido un delito y debe hacerlo basada en el principio de igualdad ante la ley. Esto, aunque suene elemental, está lejos de ser una conquista política asegurada o permanente y, por lo mismo, es que debemos cuidarla con responsabilidad.

Para debatir seriamente sobre esto es necesario derribar algunos mitos. Primero, asociar delincuencia con inmigración no es más que un prejuicio injusto que estigmatiza a los migrantes. Los datos muestran que la tasa de delitos es mayor en la población total que entre los extranjeros viviendo en Chile.

Segundo, tratar la inmigración como a hordas de personas de baja calificación que vienen a usufructuar de los servicios sociales denota también prejuicio e ignorancia, dado que de quienes llegan a nuestro país no solo son, en promedio, más calificados que los chilenos (sus escolaridad promedio es de 12,5 años en comparación con nuestros 10,8 años), sino que, además, los datos apuntan a que los inmigrantes, a través de su trabajo, consumo y pago de impuestos, generan ingresos al país mayores que el gasto que representan por su uso de servicios sociales.

Cuarto, aunque vistosas, muchas de las medidas propuestas como ofertones por estos días ya están contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Tal es el caso de la expulsión de quien delinque, ya que la legislación vigente permite que, una vez declarado culpable un extranjero, el juez pueda ordenar su expulsión del país en forma inmediata. Esto se hace en forma rutinaria en la actualidad.

Entonces, ¿qué hacer en una nueva legislación? Debemos avanzar en varias dimensiones.

Primero, la Cancillería debe implementar convenios con los países desde donde proviene la mayor cantidad de inmigrantes, para que en la frontera sepamos si quien intenta ingresar al país tiene algún antecedente legal concreto (causas pendientes, antecedentes penales graves) que permita, con criterios objetivos y sin prejuicios, evitar su ingreso a Chile con visa de turista. Hoy eso no existe.

Segundo, necesitamos una ley migratoria que nos ayude a aprovechar la riqueza que le otorgan los migrantes al país y que busque su plena inclusión en la sociedad. En la legislación actual los migrantes que buscan moverse a una residencia definitiva están atrapados y dependen del empleador que les dio el contrato de trabajo. Si pierde ese contrato el migrante vuelve a empezar desde cero.

Tercero, se debe fortalecer la institucionalidad actual, convirtiendo la actual división de extranjería en un Servicio de Migraciones, con atribuciones suficientes para hacerse cargo de los desafíos presentes. Se debe facilitar la convalidación de títulos profesionales, incorporando en este proceso a todas las instituciones de educación superior acreditadas, eliminando el monopolio actual de la Universidad de Chile.

Cuarto, debemos tener claro que levantar barreras burocráticas a la inmigración genera problemas aún mayores. Al no poder acceder por vías legales, los extranjeros que ingresan por pasos no habilitados caen fácilmente en manos de redes de trata de personas. Desgraciadamente, esto ya ocurre en la actualidad y es necesario combatirlo.

Tengamos altura de miras. Ojalá todos nos alejemos de asociaciones poco reflexivas entre nacionalidad y delitos. Para nosotros, un país justo es aquel que trata a las personas por lo que hacen y no en función de dónde nacieron, y es por esto que en Evópoli no estamos dispuestos a asignar a raza, nacionalidad, orientación sexual o condición social ningún prejuicio odioso, ni mucho menos a hacer campaña en base a ello.