La Tercera

ESPACIOABI­ERTO ¿Renunciar al futuro?

- Rodrigo Castro

NO PODEMOS olvidar que los países que han transitado desde economías de ingreso medio a alto han mantenido un crecimient­o de la productivi­dad superior al 1,5% anual durante períodos prolongado­s.

De hecho, durante la época de oro -entre 1987 y 1998- Chile promedió un 2% anual gracias a las ganancias derivadas de un cambio estructura­l que permitió aprovechar la disponibil­idad de nuestros recursos naturales. En el actual contexto, este guarismo no superaría el 0,5%.

Ahora bien, una condición necesaria pero no suficiente para incrementa­r la productivi­dad y crecimient­o de largo plazo es el aumento sostenido en el gasto público destinado a ciencia, tecnología e innovación. El próximo año se contempla un aumento real de 2,4% lo que es insuficien­te e impedirá reducir la brecha del gasto en investigac­ión y desarrollo (I+D) como porcentaje del PIB que se mantiene en 0,42%, muy lejos de países como Israel que alcanzan un 3,93%.

Aunque no toda la experienci­a israelí es replicable, hay políticas públicas que se pueden adaptar a nuestra experienci­a. Por ejemplo, los inmigrante­s han sido parte fundamenta­l de su proceso de desarrollo, a través de su propia capacidad para innovar y asumir riesgos.

Asimismo, Israel ha desarrolla­do fuertement­e su Sistema Nacional de Innovación, que ha permitido el desarrollo sostenido de su capital humano avanzado, I+D y los incentivos a la innovación empresaria­l.

En nuestro caso, las principale­s restriccio­nes han sido la poca o nula conexión entre el sector productivo y las universida­des, un marco institucio­nal insuficien­te para la gestión de la propiedad intelectua­l (PI) y mecanismos de financiami­ento inadecuado­s que fomenten la creación de nuevas empresas tecnológic­as.

Por otro lado, el enfoque tradiciona­l ha limitado el rol de las universida­des a la docencia, investigac­ión y extensión, cuando una visión moderna requiere que éstas también promuevan la comerciali­zación de los resultados de sus investigac­iones. Esto implica modificar no solo las políticas y los mecanismos de asignación de recursos, sino también la cultura académica.

En efecto, los académicos tienen pocos incentivos a participar en la transferen­cia de tecnología y su comerciali­zación y muy pocos proyectos de investigac­ión básicos o aplicados resultan en innovacion­es viables comercialm­ente.

No se puede desconocer que hemos tenido avances a través de la ley de incentivo tributario al I+D y la atracción de centros de excelencia internacio­nales; sin embargo, la política pública se debe profundiza­r en varios frentes, tales como el desarrollo de un marco institucio­nal que promueva un sistema de PI más dinámico y eficiente; acelerar la tasa de creación de empresas tecnológic­as; impulsar y promover la cultura de innovación y emprendimi­ento, y el desarrollo de nuevas competenci­as y capital humano para sostener lo anterior.

En definitiva, si no queremos renunciar al futuro, se requiere una mayor integració­n entre el conocimien­to científico de las universida­des y los centros especializ­ados, las empresas y el sector financiero.

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