Esta controversia ya forma parte del escenario electoral y el que se instale como lo hace es también un objetivo buscado.
A dos semanas de conocidos los antecedentes sobre las inversiones de Bancard en la pesquera peruana Exalmar, el ex Presidente Piñera ya enfrenta tres querellas judiciales y una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Señales y anticipos evidentes del escenario político que deberá sortear en caso de persistir en su todavía no formalizada intención de participar en la próxima contienda presidencial. Un cuadro donde todas y cada una de las operaciones realizadas por los administradores de su patrimonio serán minuciosamente auscultadas, buscando elementos que puedan ser útiles para cuestionarlo ética, judicial y políticamente.
El ex mandatario ya debió reconocer que la compra de acciones de Exalmar fue, al menos, una ‘imprudencia’, un paso en falso que incluso llevó a algunos de sus adversarios a poner en duda su gestión de Estado frente al diferendo marítimo con Perú. Si bien el tenor de esas críticas fueron luego desestimadas por el actual canciller, ellas son también una señal clara de la estrategia que sus oponentes han puesto en marcha. Y el objetivo es innegable: Sebastián Piñera y su entorno familiar serán arrastrados a un verdadero cerco judicial, con la intención de que desista de su eventual candidatura o, de confirmarla, se atenga a un permanente fluir de antecedentes, querellas e investigaciones parlamentarias.
El ex presidente afirmó en los últimos días que su posible aventura presidencial está provocando desafección en su entorno familiar, instalando una abierta interrogante sobre su intención final de persistir. Al terminar la semana, el abogado que representa al diputado comunista Hugo Gutiérrez –querellante en el caso Exalmar- solicitó al fiscal a cargo de la investigación que cite en calidad de testigos a la cónyuge e hijos del ex mandatario. Y no es aventurado prever que ello ocurrirá en otras causas presentes o futuras, siendo también probable que parlamentarios del oficialismo los convoquen a comparecer ante alguna comisión investigadora.
Desde el punto de vista político, la discusión sobre si Sebastián Piñera está siendo sometido a una ‘injusticia’ o solo al razonable, nable escrutinio público de sus eventuales conflictos de interés, es inconducente; en los hechos, esta controversia ya forma parte del escenario electoral y el que se instale como lo hace es también un objetivo buscado que pone ‘el foco’ en uno de los flancos más débiles y polémicos del ex presidente. Es un sinsentido constatar que sus partidarios consideran que todo es fruto de una ‘persecución’, y que sus adversarios afirman que los antecedentes conocidos son serios, que deben investigarse y eventualmente lo inhabilitan para seguir adelante.
En el fondo, hoy el tema es otro: ¿están dispuestos Sebastián Piñera y su familia a resistir este embate? ¿Confía el ex mandatario en que, colocado frente a dicho derrotero, puede a la larga salir airoso y neutralizar el torrente interminable de cuestionamientos y acusaciones que deberá enfrentar durante todo el próximo año? Es una duda razo-