Los costos del fallido diálogo en Venezuela

La suspensión de la mesa de diálogo hasta enero sepulta las posibilidades de una consulta para el cambio de régimen y aleja una pronta salida de la crisis.

UN AÑO después de que el triunfo de la oposición en las elecciones legislativas pareció abrir una salida a la profunda crisis política, social y económica que vive Venezuela, la situación ha vuelto a fojas cero y el diálogo iniciado en octubre -auspiciado por el Vaticano y Unasur- está cada vez más cerca del fracaso. Desde que se instaló ese espacio de negociaciones entre el gobierno y la oposición, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática, esa instancia ha servido más para darle un respiro al Presidente Nicolás Maduro que para entregar una solución a la crisis. Todo diálogo exige a las partes asumir responsabilidades y hacer concesiones; sin embargo, nada de eso se ha visto en las autoridades venezolanas. Más bien parecen haber usado esa instancia para descomprimir una situación de presión social que había alcanzado a fines de octubre sus mayores niveles desde el inicio del actual gobierno venezolano, en abril de 2013, tras la decisión de la justicia de suspender el referéndum revocatorio.

El último capítulo del virtualmente fracasado proceso de diálogo se dio el martes pasado, cuando la oposición se negó a asistir a la reunión si el gobierno no se comprometía a establecer un cronograma electoral y permitir el referéndum revocatorio antes del 10 de enero. Una fecha clave porque si la consulta se realiza después y Maduro pierde, asumirá la presidencia el vicepresidente designado por el propio mandatario revocado. Esta situación solo terminará extendiendo el poder del régimen y ahondando la severa crisis. Sin embargo, pese al reclamo de la oposición, el gobierno venezolano se negó a acoger la solicitud de la MUD y acusó a su contraparte de no estar comprometida con el diálogo. “Ellos se sienten imprescindibles”, dijo Maduro. Así, fue suspendida hasta el 13 de enero la mesa de diálogo, fecha que sepulta definitivamente cualquier posibilidad de concretar la consulta, para impulsar un cambio de régimen, y vuelve a alejar la posibilidad de una pronta salida a una crisis que se agrava a diario.

Entre los ocho puntos acordados en la primera sesión de diálogo se había incluido la revisión de un cronograma electoral relativo “a los procesos contemplados en la Constitución”, lo que era una clara alusión al referéndum revocatorio y, además, se llamaba a velar por el correcto funcionamiento y autonomía de los poderes del estado, en referencia al bloqueo que ha enfrentado la Asamblea Nacional desde que pasó a manos de la oposición. Pero pese a que el presidente venezolano ha insistido que él “ha cumplido todos los compromisos asumidos”, en la práctica ninguno de los temas incluidos ha sido considerado. Ello plantea una clara responsabilidad de quienes han auspiciado estos diálogos, cuya función no es solo mediar en las conversaciones sino preocuparse de que los compromisos se cumplan. De no ser así, cualquier proceso de diálogo termina siendo funcional a una de las partes. Ni siquiera los llamados de los mediadores a bajar el tono de la discusión han sido considerados.

Es positivo dar espacio al diálogo, pero tanto Unasur como el Vaticano deben actuar con firmeza para que ese proceso obtenga frutos y no se convierta en un espacio intrascendente que no dé garantías a las partes. En los últimos meses la comunidad internacional ha ido asumiendo un rol más activo y, en ese sentido, es positiva la decisión del Mercosur de suspender a Venezuela por no cumplir los compromisos del bloque. Pero la gravedad de la crisis y el que más de un 75% de los venezolanos apoye un referéndum revocatorio, exige a todas las partes asumir una acción más decidida para encontrar una solución que evite un nuevo estallido social.