Falta de protección a la infancia
Señor director:
Un niño de 13 años muere en medio de torturas producto de la acción de familiares de una niña de cinco que habría sido, a su entender, abusada por él, aunque los primeros peritajes descartan huellas de agresión sexual.
Nuevamente la infancia termina pagando brutalmente el costo de distintos sistemas que colapsan a la hora de protegerla. Un sistema que no ha sido eficiente en disminuir factores de riesgo y en revincular a los niños en contextos familiares positivos, ni de garantizar su acceso a la salud mental. Con cerca de la mitad de las causas que se archivan (llegando en algunos tipos de delito a cifras cercanas al 80%) existe en la población la convicción de que la justicia no repara ni es oportuna.
Bajo la Ley Penal Adolescente hay niveles altos de quebrantamiento y la reincidencia a dos años supera el 50%. En el sistema penitenciario adulto más de un 60% reincide antes del tercer año, tasa que es más baja y de menor costo en el sistema de penas alternativas.
Analizando estos aspectos se puede concluir que no obstante los marginales descensos en los niveles de delincuencia del último año, persistirá en la ciudadanía la creencia de que la Justicia no está cumpliendo su rol.
Finalmente, quienes pagan las consecuencias de políticas públicas ineficientes, no articuladas, de programas sin evidencia, de la falta de especialización, de presupuestos insuficientes y tantas otras debilidades de nuestro sistema de justicia, protección y reinserción, son precisamente los más débiles: los niños en mayor vulneración, a quienes además como sociedad estigmatizamos, culpamos, perseguimos y discriminamos. es mantener a los niños con sus familias, lo que no se logra al internarlos. Aclaramos que las instituciones colaboradoras no diseñamos, sino que aplicamos las políticas estatales y no buscamos rentabilidad alguna, sino financiar la atención especializada de los niños más vulnerables.
Es urgente gestionar un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial que regule las derivaciones que los Tribunales de Familia hacen a las instituciones colaboradoras por atenciones 80 bis.
Lamento que los recursos adicionales aprobados para 2017 estén destinados exclusivamente al Sename, que solo atiende al 3% de los niños vulnerados y que ha demostrado graves deficiencias de gestión. Lo anterior implica agregar injustamente nuevas cargas financieras a las instituciones colaboradoras que atendemos el 97% de esas prestaciones, agravando su actual situación, pretendiéndose acaso que sean éstas las que sigan subsidiando al Estado en su responsabilidad con la infancia vulnerable. que cumplan con los fines de la pena, no es un estado plenamente democrático.