Informe de Bienes Nacionales busca evitar que el Ejército venda terreno en $ 800 millones
Documento se elaboró tras una fiscalización a un predio de 40 hectáreas en La Araucanía. Contraloría había desestimado una petición de reconsideración realizada por el general Humberto Oviedo.
“El Batallón de Transporte N° 4 de Victoria ya no existe como tal”. La frase es parte de las conclusiones de un informe de 24 páginas elaborado por el Ministerio de Bienes Nacionales tras un proceso de fiscalización de un terreno de 40 hectáreas en Victoria, en La Araucanía.
El predio, originalmente de 58 hectáreas, fue comprado por el Ejército el 9 de marzo de 1990 -dos días antes de que Augusto Pinochet dejara el poder– a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, en representación del Fisco, por $ 25 millones. Después, el 23 de julio de 1993, Bienes Nacionales emitió el Decreto Exento Nº 132, destinando esa propiedad al Ministerio de Defensa para el funcionamiento del Batallón de Transporte N° 4. Posteriormente, a través del Decreto Exento 209, del 19 de febrero de 1998, se excluyó parte del terreno. Y la parte restante que permaneció para ese batallón corresponde a casi seis hectáreas que el Comando de Ingenieros de la institución castrense intentó vender el 19 de enero de este año, mediante una licitación pública por UF 30.524, es decir, más de $ 800 millones.
La intención de vender –publicada por el Ejército en un aviso en el Diario Austral de Temuco– surgió luego de que la Municipalidad de Victoria solicitara una franja para destinarlo a un barrio cívico, entre otras cosas.
El tema llegó a manos de Contraloría por una presentación que ingresó a principios de año el senador Eugenio Tuma (PPD) –quien representa a esa zona en el Congreso–, cuestionando que el Ejército intentara vender ese terreno. El ente que dirige Jorge Bermúdez respondió el 29 de abril, bloqueando la intención del Ejército y pidiendo al gobierno intervenir para que el terreno sea devuelto a esa Secretaría de Estado. Después, el comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, recurrió a Contraloría para que se reconsiderara esa determinación, lo que fue respondido a fines de noviembre. En un nuevo dictamen, firmado por Bermúdez, donde se señala que deberá ser Bienes Nacionales el que determine si el predio está siendo usado para el fin establecido.
Así, en el documento de fiscalización realizado por esa “El informe es lapidario. Los bienes fiscales no son para que el Ejército haga gestión inmobiliaria”.