INICIO DE LA COLUSION
Diversas reacciones ha generado la información publicada ayer por La Tercera que revela que la autodenuncia de la empresa CMPC ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de 2015, además de reconocer una colusión en el mercado del papel tissue, asumió también la existencia de acuerdos y coordinación de precios con la multinacional Kimberly Clark en el mercado de los pañales, entre 2002 y 2009.
Una de las principales interrogantes en esta materia apuntó a las razones que llevaron a la FNE a no incluir estos antecedentes en el requerimiento por colusión presentado contra la Papelera, que se circunscribió al mercado del tissue. Consultado al respecto, el organismo dijo ayer que actualmente existe un proceso indagatorio en curso. “Conforme a la normativa vigente (la FNE) no se refiere a investigaciones en curso”, señaló a través de un comunicado.
En noviembre de 2015, en entrevista con este medio en relación a la colusión del tissue, el titular de la fiscalía, Felipe Irarrázabal, fue consultado si el organismo indagaba otras categorías de productos en las que participa CMPC, específicamente la de los pañales. En esa ocasión la respuesta de Irarrázabal fue que la entidad “no se refiere al contenido de sus investigaciones o sus potenciales investigaciones”.
Las empresas involucradas también se refirieron ayer al tema. En el caso de CMPC, la compañía envió un comunicado donde señalaron que en marzo de 2015, y tras to-
En el marco de su delación compensada de 2015, CMPC reconoció ante la FNE que de
2002 a 2009 existieron acuerdos con Kimberly Clark en el mercado de los pañales.
La FNE dijo ayer que no podía referirse a “investigaciones en
curso”. Las empresas señalaron que han cooperado con las autoridades
respectivas.
El gobierno y gremios empresariales condenaron los hechos. Además, ayer la autoridad colombiana ratificó sanciones contra Kimberly y dos firmas por colusión en
pañales.
2002es el año en que, de acuerdo al testimonio de CMPC, habría comenzado la colusión con Kimberly Clark. mar conocimiento de “todos los hechos contrarios a la normativa de la libre competencia”, su directorio instruyó a la administración “informar inmediatamente a las autoridades competentes”, entregando los antecedentes recabados en la investigación interna realizada por la firma. Reiteraron, además, su disposición “a compensar a los consumidores por los eventuales perjuicios provocados por las prácticas contrarias a la libre competencia”. El fiscal de la compañía, Rafael Cox, dijo también que la empresa ha tomado acciones para evitar situaciones de ese tipo a futuro (ver página 4).
Por su parte, la estadounidense Kimberly Clark dijo estar “al tanto” de las declaraciones de CMPC referidas a estos acuerdos y agregó que se ha “comprometido con las autoridades chilenas a brindar total cooperación” en el proceso. “Dado que las investigaciones se están llevando a cabo, Kimberly Clark no realizará ningún tipo de comentarios”, añadieron.
Además, ayer la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia ratificó el fallo que condena a la filial en dicho país de Kimberly Clark (Kimberly Colpapel) y otras dos empresas (Tecnoquímicas y Familia) por colusión en el mercado de los pañales. Kimberly Colpapel tiene el beneficio del 100% de exención de multa, al ser el primer delator del caso. Productos Familia, ligada a SCA, obtuvo 50% de beneficios al ser el segundo delator.
Según fuentes cercanas al caso, tratándose de mercados distintos la FNE habría procedido de manera adecuada al separar el requerimiento presentado en el caso del papel tissue de la investigación respecto de los pañales. Los expertos validaron mayoritariamente el actuar del organismo (ver página 6).
Amplio rechazo
Los antecedentes de colusión en el mercado de pañales generaron ayer un rechazo transversal.
La Presidenta Michelle Bachelet sostuvo que “las malas prácticas de los empresarios afectan directamente la confianza y frenan también las posibilidades de desarrollo y no podemos permitir que esto se repita”. La Mandataria agregó que la agenda de transparencia que impulsa el Ejecutivo apunta justamente a “fortalecer las instituciones que velan por los derechos de los consumidores y por el