El Estado y la educación superior
Señor director:
Para las universidades estatales, nuestro ideal -así como el de países que han alcanzado el desarrolloes constituirnos en un sistema colaborativo que desde el Estado construya, a partir de valores republicanos y con cohesión social, una nueva educación superior.
Ha sido difícil porque constantemente intentan homologarnos con las universidades no estatales del Cruch y ahora con las privadas que adscriben a la gratuidad porque el sistema responde a un mercado hegemónico que se financia por la vía de la demanda. El sello de lo público es nuestra obligación, que puede ser replicado por privados si así lo deciden. No obstante, el Estado tiene el deber de proveer y garantizar una política inclusiva y de desarrollo territorial en educación superior (tratados internacionales lo avalan).
Agradecemos las precisiones que pudieran hacerse respecto de las cifras que diferentes fuentes oficiales como Indices, Sies o el mismo Informe de Financiamiento Fiscal al Sistema de Educación Superior de la Contraloría pudieran proporcionar, y que se desenvuelven en rangos similares que no cambian las tendencias globales (por ejemplo, la precisión del rector Ignacio Sánchez que cita a Sies 20072016, cuando la información utilizada en mi columna es en base a Indices 2005-2016).
Tal como los países de la Ocde han crecido con más igualdad, invirtiendo en la formación de sus ciudadanos, nosotros esperamos que el Estado aproveche esta oportunidad aumentando el financiamiento a estas instituciones, actuando de manera colaborativa para alcanzar una proporción mayor a la actual en el sistema mixto, que la ha caracterizado.
Las políticas de los últimos años han impulsado el crecimiento del mundo privado y no del estatal (solo en 2015 el fisco invirtió cerca de USD 1.530 millones en ese sector). Por ello invitamos al mundo privado a apoyar que este sistema de instituciones de educación superior, que pertenece a todos, se desarrolle en beneficio de nuestros estudiantes, sus familias, nuestras regiones y del país en general. la cual era en muchos casos reemplazada por los gendarmes. El gran problema es que estaban al interior de un recinto carcelario.
El traspaso de menores de estas secciones al Sename dio inicio a una prolongada crisis que ha durado años, en los cuales hemos sido incapaces de construir una política que supere los sentimientos de culpa y el paternalismo con que se enfrenta este problema.
El drama de los menores infractores y la crisis de Sename no se superan necesariamente con más recursos, sino con una política pública ajena a la contingencia política, que no deje espacio al paternalismo o a las mofas de las autoridades.