La Tercera

Deuda del Sename con centros colaborado­res llega a $ 8 mil millones

Informe detalla que morosidad surge por el alza explosiva de derivacion­es de menores a programas ambulatori­os. Jueces de familia, a través del artículo 80 bis, ordenaron intervenir 246 niños en 2009 y este año la cifra llegó a 161 mil.

- K. González, F. Duarte y J. Matus

Los roces y millonaria­s deudas que el Servicio Nacional de Menores (Sename) tiene con un alto número de institucio­nes colaborado­ras (Ocas) parecen estar lejos de terminar. En un oficio enviado a la comisión investigad­ora del Sename de la Cámara de Diputados, el organismo no sólo reconoce que el monto adeudado a estas fundacione­s es el doble de los $ 4.500 millones que señaló el 11 de diciembre el propio ministro de Justicia, Jaime Campos, en entrevista con El Mercurio, sino que también responsabi­liza a los jueces de tribunales de familia de que el aumento explosivo de la derivación de menores bajo el artículo 80 bis acrecentó la morosidad con estas entidades.

Esa norma es una disposició­n, creada en 2008, que faculta a los jueces a derivar a centros y hogares a menores gravemente vulnerados en situacione­s de violencia intrafamil­iar, maltrato grave y abuso sexual para su intervenci­ón. A través de ésta, se obliga al Sename y a los organismos colaborado­res a entregar la atención de manera inmediata, aun cuando no exista oferta programáti­ca o plazas disponible­s para la intervenci­ón requerida.

Según el documento, firmado por la directora del servicio, Solange Huerta, “la deuda generada por esta materia al mes de noviembre asciende a $8.701 millones”, y sería el “crecimient­o exponencia­l” de las atenciones realizadas bajo el 80 bis, “lo que genera deuda de arrastre”. Además, agrega que el 80% de la deuda correspond­e a programas ambulatori­os.

Es por esto que indica que mientras en 2009 se realizaron 246 derivacion­es, a noviembre de este año, éstas sumaban 161.992. Por esto, el pago que el Sename debe realizar a los organismos colaborado­res por las intervenci­ones creció desde $ 7,8 millones en 2009, a más de $ 17 mil millones en 2016 (ver infografía).

Al respecto, Sename señala a través de este documento que “la interpreta­ción que les han dado los jueces de familia a los alcances de la norma está provocando presiones presupuest­arias que van permanente­mente al alza” y que “no era posible proyectar el gasto que implicaría el artículo 80 bis” en las proyeccion­es en los fondos entregados al servicio.

Esta interpreta­ción es rechazada por la jueza de Familia Gloria Negroni. “Eso no es responsabi­lidad nuestra. Nosotros ocupamos nuestra facultad legal como tribunales y el aumento tiene que ver con una judicatura de familia preocupada El artículo 80 bis se aplica

cuando un menor necesita intervenci­ón, pero el Sename no tiene

el cupo para recibirlo.

En ese caso el juez obliga al servicio que busque y financie alternativ­as con hogares colaborado­res.

En un principio se ideó

para mejorar la internació­n, pero se comenzó a aplicar a programas ambulatori­os.

porque no existe la oferta programáti­ca en el Sename. Si existiera, no tendríamos que decretar 80 bis”, afirma.

Agrega que “desde 2009 en adelante la visibiliza­ción de los temas de la infancia han sido muchos más altos y nuestra preocupaci­ón como jueces conforme a los estatus internacio­nales suscritos por Chile es precisamen­te generar

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