Irresponsable cambio de reglas en sanitarias Sorprende la tardía reacción de legisladores de oposición, gobierno y el propio sector privado ante un proyecto improvisado que daña al país.
LA CÁMARA de Diputados aprobó, por unanimidad, modificaciones a leyes que regulan los servicios sanitarios del país. Si bien el MOP restó apoyo al proyecto y diferentes senadores han dado señales de que el proyecto no se aprobará tal como fue aprobado en su primer trámite, el contenido del cambio legal y la forma en cómo se discutió es un nuevo llamado de atención respecto de la improvisada manera en que se está legislando en el país, y las graves consecuencias que de ello podrían derivarse.
En el caso del agua potable y tratamiento de aguas servidas, por sus especiales características dichos servicios no enfrentan la competencia de otros proveedores para una misma área; es por ello que el Estado fija las tarifas a través de procesos regulados. El proyecto pretende disminuir la rentabilidad de este tipo de empresas desde el actual rango de 3-3,5% de premio por sobre los papeles del Banco Central a un rango de entre 1 y 1,5%. Tampoco se garantiza un piso mínimo de rentabilidad a diferencia del actual 7% que establece la ley. Aun cuando resulta lícito revisar si dichos parámetros continúan siendo pertinentes a la luz de las actuales condiciones de mercado, los impulsores del proyecto no parecen basarse en evidencia técnica para justificar dichos cambios, sino en consideraciones meramente ideológicas, como el supuesto “lucro” con el agua. Entre las principales modificaciones también se altera el mecanismo de tarificación en caso de existir controversias, modificando la composición de la comisión resolutoria, dando un mayor poder al Estado si se compara con el modelo actual.
Estos cambios en las reglas deben ser analizados cuidadosamente. De lo contrario, es probable que los niveles de inversión se vean resentidos además de la incerteza jurídica que se genera en una industria que trabaja a largo plazo. Es importante destacar que gracias a la legislación vigente se ha logrado que prácticamente la totalidad de la población tenga acceso a un buen servicio de agua para consumo. Ello no debe darse por garantizado. En 1990 los sectores rurales del país tenían una cobertura menor al 50%, similar a la que actualmente presentan áreas rurales en Haití. Gracias a un sistema bien diseñado, actualmente en Chile hay acceso universal a servicios sanitarios en el sector urbano y un 93% en áreas rurales, comparable al que exhiben países desarrollados.
Particularmente cuestionable resulta la frivolidad con que este proyecto -impulsado por diputados del PC, PPD y la DC- se ha debatido en el Congreso. A pesar de que dicha moción fue discutida durante cinco meses en la comisión respectiva, ni el gobierno ni el sector privado parecen haber realizado un seguimiento acucioso del mismo. Tampoco la oposición, que habiéndose sumado a dicha iniciativa ahora parece despertarle reparos, lo que otra vez deja en entredicho su capacidad para ser contrapeso en el debate legislativo. La abrupta caída del precio de la acción de una de las sanitarias que se transa en bolsa confirma que la aprobación de dicho proyecto tomó al mercado por sorpresa, aun cuando la respectiva asociación gremial y el ministro de Obras Públicas expusieron ante la comisión.
Lograr políticas públicas que nos lleven al desarrollo requiere del liderazgo de la clase política y también de una mayor preocupación del sector privado por incidir en la discusión pública respecto a cómo este tipo de decisiones de corte populista pueden impactar en la calidad de vida de los ciudadanos.