Gestión y presupuesto en Salud
Señor director:
En relación al editorial de ayer titulado como esta carta, quiero aclarar algunas inexactitudes.
La medida adoptada por el Concejo Municipal se funda en la atribución legal que faculta al alcalde, con acuerdo del Concejo Municipal, para decretar el término de un contrato de concesión municipal por incumplimiento grave, lo que expresamente está regulado en el 37° de la Ley Orgánica de Municipalidades.
El alcalde de Recoleta jamás ha hecho un llamado a “dejar de pagar los estacionamientos”; de hecho, la empresa concesionaria, ya notificada, operó ilegalmente por dos días, tiempo en el cual la Municipalidad solo se remitió a informar del término del contrato de concesiones de estacionamientos. No ha existido vulneración de ningún procedimiento legal, pues se ha obrado conforme a la Ley Orgánica Constitucional de la Municipalidad y a los procedimientos que el mismo contrato de concesión establece.
La Municipalidad ha señalado en diversas ocasiones que la fórmula de regular dichos estacionamientos será acordada con la comunidad; es decir, con locatarios y residentes, con quienes ya se ha avanzado en un acuerdo mayoritario que permitirá no solo regular, sino también terminar con la lógica neoliberal que impera en nuestro país cuando se trata del uso de espacios públicos.
Esta iniciativa municipal ha sido altamente valorada por nuestros vecinos, pues es una idea que nace de ellos, de sus necesidades y desde su impotencia al ver cómo las calles de sus barrios se transformaron Señor director:
Al revisar el presupuesto que manejará el Ministerio de Salud en 2017, es posible asegurar que nada cambiará para mejorar la gestión de la salud. Basta comparar los objetivos trazados y la inversión anunciada.
En infraestructura la estrategia ha sido errática. Del plan original de 20 hospitales de alta y mediana complejidad, que aportaban 5.253 camas al sistema, se pasó a uno de 27, mayoritariamente de baja complejidad y que solo aporta 1.724 camas. De ellas, más del 60% no tributa para reducir listas de espera o la recepción de médicos especialistas, por carecer de tecnología. Es decir, hay un retroceso en la solución a listas de esperas.
De más está decir que la meta de construcción y el programa originalmente ofrecido no se cumplirán. En 2016 se dejará de gastar en infraestructura más de $ 100 mil millones por ineficiencia en gestión. Este monto irá a pagar deudas y comprar equipos sin la adecuada relación costo-efectividad, y con licitaciones de corto plazo y alto riesgo.
En el sector presupuesto de deuda se profundiza el confuso manejo comunicacional. Según sus autoridades, se terminará el año con $ 150 mil millones de deuda y con aportes extraordinarios de la Dirección de Presupuestos por más de $ 250 mil millones. Sin embargo, Señor director:
En su columna de ayer, la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes, hace un llamado a la “erradicación absoluta de la tortura” afirmando correctamente que “la tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afecta la dignidad humana”. Por ello, dentro de los logros destaca la ley N° 20.894, recientemente promulgada, que tipifica los delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Lamentablemente omite que el gobierno se opuso a hacer extensivo como sujeto activo del delito de tortura a particulares, fundado en una visión -a mi juicio errada- de que los derechos humanos solo podían ser vulnerados por agentes del Estado y no por particulares sin conexión con éstos.
Una mirada como la que comparte la subsecretaria, hace que, por ejemplo, la muerte de Alan como consecuencia de golpes y martillazos durante 12 horas, por parte de sujetos que los culparon de haber violado a una niña de 5 años, no sea considerada para efectos de la ley tortura, pese a que el propio ministro de Desarrollo Social afirmó en este mismo espacio que el niño había sufrido “tortura”.
Lo insólito es que ese hecho no es calificado de tortura a la luz de la actual legislación, única y exclusivamente porque sus autores no eran funcionarios públicos.
El llamado a la erradicación absoluta de la tortura que hace Fríes debe partir por un cambio de mirada que considere los derechos humanos y su protección desde una perspectiva no solo vertical (Estado-particulares), sino también horizontal (entre particulares). Es la única forma de resguardar la dignidad de todos los seres humanos, sin distinción.