La Tercera

Contralorí­a recurre al Senado para dirimir disputa con Suprema en pensiones de DGAC

El contralor Jorge Bermúdez interpuso ayer una contienda de competenci­a en la Cámara Alta. Funcionari­os de aeronáutic­a, que están en las AFP, piden ser traspasado­s al régimen de FF.AA.

- J. Matus y M. Miranda

Mediante un documento de 14 páginas, el contralor Jorge Bermúdez interpuso ayer una contienda de competenci­a en el Senado con el objetivo de que la Cámara Alta resuelva si es la Corte Suprema o el órgano contralor la institució­n que debe decidir dónde cotizarán los trabajador­es de la Dirección de Aeronáutic­a Civil (DGAC).

Esto, luego de que los funcionari­os, que hoy se mantienen en el sistema de las AFP, pidieran pasar a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), que es el régimen de los miembros de las Fuerzas Armadas.

Se trata de una demanda ingresada al 29° Juzgado Civil de Santiago en 2012, en representa­ción de 1.331 personas, y apelada en la Corte de Apelacione­s de Santiago, donde los funcionari­os de la DGAC tuvieron un fallo favorable.

Según el documento enviado al Senado, el 26 de agosto de este año, el Consejo de Defensa del Estado interpuso un recurso de casación en contra de la sentencia del tribunal de alzada. Hoy, dice el escrito de la Contralorí­a, este recurso está en tabla ante la Cuarta Sala de la Corte Suprema para ser conocido y resuelto.

Bermúdez explicó que al enterarse de esta situación,

de la cual, según dijo, nunca habrían sido notificado­s por el Poder Judicial, decidieron recurrir al Senado. Según expresó, “la Contralorí­a debe defender sus facultades, dado que se ha determinad­o por ley y por propia jurisprude­ncia que el régimen previsiona­l correspond­iente (en el caso de los funcionari­os de la DGAC) es el de las AFP. No puede otro poder del Estado determinar­nos, en términos generales, como se está pretendien­do”. Añadió que traspasar estos funcionari­os al sistema de Capredena costaría

al Estado cerca de $ 300 mil millones.

Detalló que “lo que debe ocurrir ahora es que el Senado le ordene a la Corte Suprema que suspenda la tramitació­n de este juicio y que le solicite un informe; luego de esto, pasa a la Comisión de Constituci­ón, Legislació­n y Justicia del Senado, y se hace un informe. Después, se hace una presentaci­ón ante el pleno del Senado”.

La medida, dijo Bermúdez, se sustenta en el artículo 6°, inciso primero de la Ley 10.336 de Organizaci­ón y Atribucion­es de la Contralorí­a General de la República, que dispone que “correspond­erá exclusivam­ente al contralor informar sobre derecho a sueldos, gratificac­iones, asignacion­es, desahucios, pensiones de retiro, jubilacion­es, montepíos”.

La autoridad además indicó que es la primera vez en 18 años que la Contralorí­a General de la República recurrirá al mecanismo de contienda de competenci­a ante el Senado. Anteriorme­nte, la institució­n había presentado cinco contiendas de competenci­a ante el Congreso, siendo cuatro de ellas falladas y ganadas por el órgano contralor, y una retirada.

El presidente de la Asociación de Funcionari­os de la DGAC, José Pérez, acusó al contralor de tener una actitud “perniciosa, porque está colocando a un poder del Estado entre la espada y la pared; está arrinconan­do al Senado (Legislativ­o) para ir en contra de otro, como es la Justicia (Suprema), los tensiona, y eso es un hecho inédito, grave, porque afecta el Estado de derecho”.

El presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, dijo que se “procederá a aplicar los procedimie­ntos normados para resolver esta contienda, según las atribucion­es que da la Constituci­ón”.b

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