Liceos de excelencia académica
Señor director:
Hemos podido constatar los últimos días la gran desazón de muchos chilenos por la ausencia de colegios emblemáticos entre los 100 mejores establecimientos escolares de Chile (mejores en relación con los resultados de la Prueba de Selección Universitaria). Además, vemos que en base a esta información, se vuelve a discriminar al ingreso como una forma de asegurar la presencia de estas organizaciones en ese tan destacado número de colegios de excelencia.
Esta revalorización de la discriminación al ingreso nos plantea algunas inquietudes que creo son necesarias de responder claramente o, por lo menos, nos invita a tratar de entender sus fundamentos.
Usar la selección al ingreso por mérito a nivel escolar, da cuenta de que las acciones que el establecimiento emprende sobre estudiantes con un nivel base adecuado permite resultados exitosos. En otras palabras, que un establecimiento pierda su característica de destacado porque sus estudiantes ya no pueden ser seleccionados al inicio, podría evidenciar que las acciones emprendidas por el establecimiento no son suficientes para abordar a cualquier tipo de estudiante. Desde esa premisa, su calidad estaría limitada a las condiciones iniciales de sus estudiantes y, por tanto, vale el cuestionamiento sobre la calidad del establecimiento.
En otras palabras, la diferencia en la formación del estudiante egresado respecto de las condiciones de ingreso del mismo, al parecer, mostraría un peso relativo importante de las propias condiciones del estudiante. Esto dejaría en evidencia la existencia de establecimientos educacionales municipales, subvencionados y privados que no discriminan al ingreso, y que logran profundos cambios en sus alumnos y en sus entornos. Esas son verdaderas escuelas, liceos y colegios de excelencia, pues son capaces de llevar al éxito a cualquier tipo de estudiantes, muchos de ellos muy desfavorecidos y de contextos precarios. Estas instituciones no están entre los 100 que obtienen mejores resultados en la PSU, pero están en los primeros que generan dignidad, esperanza y conocimiento para transformar vidas y familias. Ese ranking, sin embargo, todavía no es popular y no ocupa muchas planas en la prensa. cotizado 30 años son satisfactorias y del orden del 70%. Allí no se requiere ningún perfeccionamiento. Las de mujeres no son tan buenas y oscilan en el 45% del sueldo, porque pueden jubilar antes y viven más. ¿Hay que subir las cotizaciones o las edades de jubilación de ellas? Pienso que si se les pregunta, no estarían de acuerdo que fuera obligación. Tal vez en forma voluntaria algunas elegirían cotizar más años, pero prohibirles disponer de su dinero para “mejorar las estadísticas” es ridículo.
Dicho lo anterior, entramos a las pensiones de quienes han cotizado menos años y que naturalmente reciben pensiones inferiores y proporcionales a los años cotizados. Nuevamente pregunto qué perfeccionamiento cabría hacer para que alguien con una fracción de años obtenga una pensión completa. No existe solución y de crearse artificialmente sería injusta para el resto, que cotizó regularmente.
En los mal llamados sistemas de reparto, cualquiera con menos de 10 o 20 años cotizados no obtenía pensión; así fue como el 51% de los cotizantes quedó sin pensión de vejez. Ese fue el costo de las “lagunas”. Los que cumplieron los años mínimos obtuvieron pensiones proporcionales a los años cotizados, y con 30 o 36 años se obtenía pensión completa. Es decir, el sistema de reparto al que algunos piden volver no corregía ninguna de las supuestas carencias y, al revés, el 51% perdió todo lo cotizado.
Subir las tasas no corrige las pensiones de los que cotizan irregularmente ni tampoco las de mujeres. Solo postergando voluntariamente la edad de jubilar aumentan las pensiones cerca de 10% por año extra de trabajo. que ofrezcan asistencia jurídica especializada y gratuita; temor de las personas a recurrir a instancias judiciales por miedo a ser expulsadas y falta de disponibilidad de intérpretes/traductores, entre otros.
Este escenario confirma la necesidad de contar con una nueva normativa migratoria que asegure el acceso a la justicia y las garantías del debido proceso a todas las personas migrantes y, en particular, en los casos donde se vean afectadas por una orden de expulsión.
También es necesario que el Estado adopte medidas para que todas las personas extranjeras puedan acceder a servicios jurídicos especializados y gratuitos, para interponer un reclamo judicial en contra de las sanciones que les sean aplicadas. Ello, con el fin de asegurar que las garantías del debido proceso y principios como el interés superior del niño o la unidad de la familia, sean efectivamente resguardadas. Esto quiere decir que al mantener los parquímetros, la carga que se impone a los vecinos de Recoleta para estacionar es el triple que a los de las comunas citadas. Además, está el poder desigual que tienen los vecinos del barrio alto para rechazar parquímetros en sus lugares de residencia, en comparación con los vecinos de Recoleta a quienes se les impuso esta medida hace 10 años sin consulta. Los vecinos del barrio alto pueden pagar residencia con estacionamientos incluidos en sus condominios o casas, lo que no ocurre en Recoleta, donde las casas son más pequeñas y vive gente de menores ingresos.
La medida de Jadue, si bien incentiva el uso del automóvil es, a su vez, progresiva, porque aplana la brecha de acceso al bien público suelo urbano. Como urbanista, abogo por una ciudad con disminuida presencia de automóviles. Sin embargo, este problema no se resuelve culpando a las medidas reparadoras de los alcaldes de comunas populares; en tal caso habría que hacerlo con todos. El problema del transporte privado se resuelve con una mirada integral de ciudad, que asegure sustentabilidad y redistribución; es decir, con una autoridad metropolitana a cargo de resolver la materia.