Los cinco casos judiciales que le quitan el sueño a Cristina K
La justicia ordenó ayer reabrir la causa contra la ex Presidenta por presunto encubrimiento del atentado contra la mutual judía. Cristina Fernández completa así una semana negra y un pésimo año. El martes fue procesada en un caso por corrupción.
* Atentado de la Amia
El 14 de enero de 2015 el fiscal Alberto Nisman denunció a la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al canciller Héctor Timerman y otras cinco personas por el supuesto encubrimiento para favorecer a ex funcionarios iraníes presuntos responsables del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia). Según la acusación, basada en decenas de escuchas telefónicas, la mandataria y los otros acusados intentaron exculpar a los iraníes del ataque a la Amia (producido en 1994 y en el que murieron 85 personas) a través de un memo de entendimiento entre el entonces gobierno argentino y Teherán, el cual se concretó en 2013. De esta forma se buscaba anular los pedidos de captura internacional que pesan sobre cinco iraníes. Nisman murió cuatro días después de que presentó su denuncia y un juez archivó la causa. Hasta ayer, cuando la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó reabrir la investigación.
* Obras públicas
El juez federal Julián Ercolini decidió procesar a Cristina Fernández el martes por asociación ilícita y administración fraudulenta. Eso, por el otorgamiento de millonarias concesiones de obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez. Según Ercolini, la ex Presidenta, funcionarios de su gobierno y Báez conformaron una “asociación ilícita” para “apoderarse ilegítima y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”, principalmente en la provincia de Santa Cruz. Báez se hizo multimillonario gracias a los gobiernos de los Kirchner, al punto que durante esos 12 años recibió el 78% del total de la obras licitadas por Vialidad Nacional. El empresario fundó su firma Austral Construcción 18 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de Argentina, en 2003.
* Dólar futuro
Es el caso por el que Cristina K fue procesada por primera vez, en mayo pasado. El juez Claudio Bonadio es quien lleva adelante esta causa. La ex gobernante está imputada por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública”. Así está acusada de autorizar la venta de “contratos de dólar futuro por parte del Banco Central a valores inferiores al precio de mercado con conocimiento e intención, que provocaron cuantiosas pérdidas para el Estado Nacional”. La venta de dólar futuro fue impulsada por el entonces presidente del ente emisor Alejandro Vanoli. Aparte de la ex Presidenta también están encausados Vanoli y el ex ministro de Economía, Axel Kicillof. Al vender dólares a futuro al bajo precio que el gobierno kirchnerista fijaba, cuando Macri asumió la Presidencia en diciembre, liberó a la plaza cambiaria de las regulaciones y el peso local se hundió casi 30%, lo que obligó al Estado a pagar la diferencia para cumplir con esos contratos a futuro. Se calcula que por esto el Banco Central habría perdido unos US$ 76.000 millones.
* Hotesur
Cristina Kirchner es investigada por un supuesto caso de lavado de dinero. El juez del caso también es Claudio Bonadio. Se investiga la operatoria hotelera de los Kirchner con diversos empresarios, como Lázaro Báez y Cristóbal López. Eso porque habrían pagado sumas millonarias por habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner que nunca ocuparon. Según la diputada y ex candidata presidencial de centroizquierda Margarita Stolbizer, una de las impulsoras de la investigación, el objetivo de estos arriendos era lavar dinero proveniente de los sobreprecios cobrados en obras públicas.
* Los Sauces S.A.
Esta es una de las sociedades de la familia Kirchner y que participó en operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones, la firma de Lázaro Báez. Sin embargo, la sociedad presenta contradicciones entre lo que declaró ante la entidad recaudadora de impuestos y lo que dejó establecido en los documentos públicos del Registro de la Propiedad Inmueble. Por este motivo la diputada Margarita Stolbizer presentó una denuncia por “falsificación de documentos públicos”.