La Tercera

Etiquetado de alimentos

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LA SEMANA pasada se cumplieron seis meses desde que comenzó a regir el reglamento asociado a la nueva Ley de Etiquetado de Alimentos, y fue la ocasión que eligió la asociación de Alimentos y Bebidas de Chile para pasar a la contraofen­siva en materia comunicaci­onal. Mediante una campaña con rostros conocidos del deporte y la TV, la industria abordó los aspectos más cuestionab­les del reglamento.

A pesar de que la campaña causó una fuerte polémica –fue acusada por el Minsal de confundir y usar el sarcasmo y la burla en aspectos esenciales como la salud de las personas-, la industria utilizó un recurso que el propio gobierno había empleado anteriorme­nte para difundir los efectos de la reforma tributaria. En esta oportunida­d, la industria de alimentos ha buscado instalar en la discusión pública la necesidad de realizar un análisis crítico de esta norma, a la luz de una serie de problemas que dificultan cumplir con el objetivo deseado.

Es un hecho que la obesidad –sobre todo la infantiles un problema serio que urge abordar con fuerza en nuestro país. Es imprescind­ible, además, que el consumidor tenga elementos objetivos que le permitan decidir al momento de querer optar por alimentos saludables. Lamentable­mente, el actual reglamento no resuelve eficientem­ente estos problemas, al fijar umbrales bajos para cada nutriente crítico (azúcares, calorías, grasas saturadas y sodio), no discrimina­r entre categorías de alimentos y establecer las exigencias en base a 100 gramos y no a porciones. Producto de todo lo anterior, una proporción excesivame­nte alta de los alimentos envasados quedan con etiqueta, evitando así que el consumidor pueda distinguir las diferencia­s en una misma categoría de alimentos entre aquellos que han sido fruto de esfuerzos de reducción de nutrientes, respecto de los que no lo han sido.

En vez de reaccionar en forma exagerada por este tipo de campañas, el Ministerio de Salud debería abrirse a revisar aspectos de esta normativa, en el ánimo de lograr una legislació­n que armonice bien la protección de los consumidor­es y la producción de alimentos.

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