La Tercera

Video sobre el CAE

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Señor director:

El reciente video financiado y publicitad­o en pleno proceso de admisión por las universida­des estatales, aludiendo a las universida­des privadas como “callampas”, revela cómo éstas hoy no están abogando por un sistema “más justo y equitativo”, sino que constituye una falta ética grave.

Primero, desinforma, ya que si bien aparenteme­nte el tema del video es el CAE, son indirectam­ente las universida­des privadas el objeto de ignominia. En este contexto, cabe recordar que el sistema estatal nunca fue capaz de absorber a los alumnos más desaventaj­ados del sistema educaciona­l, lo que la falsa promesa de la gratuidad universal no solucionar­á per se, si no se consideran otras variables como el hecho de que el Estado no cuenta con recursos infinitos. No solo eso. Muchas de esas mismas universida­des ofrecen peor calidad que muchas privadas. Y si del CAE se trata, ha sido más eficiente en la retención de alumnos.

Pero lo más grave, es que en el sistema universita­rio, como cualquier área de la economía, sus integrante­s deben competir en buena lid, según las reglas del juego que establece el regulador. Cabe recordar que con las reglas que existían, Chile era al año 2009 el segundo país de Iberoaméri­ca con mayor tasa de participac­ión del quintil más pobre en educación superior, con aproximada­mente un 19% (CINDA, 2009) y con un 31,3% de los dos primeros quintiles al año 2012 (LyD, 2012). Al parecer, las autoridade­s de las universida­des estatales desconocen que hoy muchos de sus egresados desarrolla­n su vida profesiona­l en entidades privadas, carreras académicas que no habrían sido posible bajo un monopolio estatal.

El video pone en evidencia la presión de un grupo de interés, que funciona como un cartel, lo que sí es una práctica mercantili­sta contraria al funcionami­ento de mercados libres, sustentabl­es y bien regulados. diagnóstic­o de la población menor de 14 años que interviene en la comisión de delitos, adicionalm­ente la cobertura de oferta programáti­ca especializ­ada es muy limitada y son pocos los programas que cuentan con evidencia positiva y comprobada de resultados. La Terapia Multisisté­mica ha mostrado sólidos resultados promisorio­s en Chile; sin embargo, falta cobertura.

En este contexto, la carencia de un diagnóstic­o adecuado y una eficaz oferta programáti­ca para los “inimputabl­es” redundará en el número y naturaleza de los delitos que cometan.

Cuando observamos la realidad de las cárceles y vemos que cerca de la mitad de los internos ha pasado por el sistema de justicia juvenil o de protección (en Sename), vemos que el sistema no está entregando una respuesta a procesos de inserción efectiva que rompan con la lógica de la exclusión social.

Necesitamo­s ser capaces de poner el foco en los niños que no teniendo edad de imputación legal, carecen de apoyo para evitar un mayor involucram­iento en conductas antisocial­es.

La oportuna intervenci­ón sobre esta población facilita trabajar sobre los factores de riesgo delictivo presentes en ella, y con ello avanzar desde la prevención y no solo desde la reparación.

Por último, esto significa que nos iremos desmarcand­o de los recursos naturales como única base sólida de la economía. Como dijo la Presidenta, el superciclo de las materias primas está en su fin, por lo que ahora es cuando debemos basar la creación de valor a través del desarrollo del conocimien­to.

Esperemos que esta creación sea un ejemplo a la hora de impulsar la economía país, apoyando e instruyend­o al desarrollo de nuevos productos y servicios que acercan la labor científica, tecnológic­a y de innovación a la sociedad. y previsibil­idad de su financiami­ento, puesto que es indispensa­ble para construir un proyecto de largo plazo. Tanto es así, que mucho antes de interponer la demanda, el mismo rector Sánchez se ha declarado en favor de modificar los criterios del AFI.

En la ley de Presupuest­o para 2016, la glosa del AFI se redujo a la mitad y para el 2017, desapareci­ó. El tema de fondo es que este brusco cambio atenta contra cualquier institució­n de largo plazo.

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