Constatamos una realidad evidente para quienes viven en La Araucanía. Cómo puede ser de otra forma si cada semana ocurren atentados sin que haya resultados en prevención ni en sanción a los delitos.
LA DECLARACIÓN de Sofofa pidiendo paz social para La Araucanía, suscrita por 43 gremios regionales y sectoriales, ha causado amplias repercusiones en la opinión pública, con múltiples muestras de adhesión de diferentes actores de la sociedad, del sector gremial y de la propia comunidad de la zona.
Lamentablemente, el gobierno optó por descalificarla en vez de comprender que se trata simplemente de una demostración de solidaridad con los afectados, por una realidad de violencia que es imposible desconocer. Basta leer la última encuesta Cadem para advertir que el 62% de la población cree que el conflicto en la zona ha aumentado, el 33% piensa que se ha mantenido y solo el 4% que ha disminuido.
Es importante señalar que esta declaración no es un capricho de nuestra entidad, sino que responde al compromiso que asumimos con los gremios y la comunidad de La Araucanía de contribuir a sensibilizar a la opinión pública nacional y a las autoridades sobre la difícil situación que enfrentan. No la conocíamos en su profundidad hasta que visitamos la zona y nos reunimos con víctimas de la violencia, con los empresarios -grandes, medianos y pequeños-, con las autoridades y con los parlamentarios de la región. Luego tuvimos el testimonio de Ewald Luchsinger y de Juan de Dios Fuentes en el Consejo General de la Sofofa, quienes dejaron conmocionados a los asistentes con su relato y que motivaron un mandato claro e inequívoco de aportar para que Chile tome conciencia de esta realidad.
La declaración es precisamente la respuesta a esa solicitud de ayuda, frente a una realidad que empeora día a día, tanto en el nivel de violencia como en su expansión a otras zonas. Hoy no se puede trabajar ni vivir en paz en muchos sectores, sin verse intimidado por ataques de violencia. Chile entero debe tomar conciencia del sufrimiento que existe en la zona -de los incendios de campos y maquinarias, se ha llegado incluso al ataque a escuelas, hogares y templos-, pues desde ese reconocimiento debe surgir el apoyo para tomar las medidas que se requieren.
Tener hoy este espacio de discusión dentro de nuestra contingencia, así como el que los medios hayan volcado sus agendas a ver qué ocurre en la región y que la Presidenta de la República tomara la decisión de visitar La Araucanía, son prueba de que crear conciencia en este problema es una contribución a las soluciones y no una mera exageración.
Cuando decimos que “a la luz de los hechos en la zona ya no impera el estado de derecho”, estamos constatando una realidad evidente para todos los que habitan y trabajan en La Araucanía. Cómo puede ser de otra forma si semanalmente vemos que ocurren nuevos atentados y que no hay resultados ni en la prevención ni en la sanción de los delitos. En este problema tiene mucho que decir, no solo el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial. Como ciudadanos esperamos que nuestras autoridades aborden con firmeza estos temas y que todos podamos vivir en tranquilidad, resolviendo pacíficamente las diferencias.
Hemos apoyado resueltamente las iniciativas de diálogo impulsadas por el gobierno y la Iglesia Católica, y esperamos que tenga resultados positivos. Pero para que eso ocurra, una condición previa es que se garantice un mínimo de paz social y de protección de los derechos de las personas. Y una forma concreta de lograrlo es, ni más ni menos, asegurándose que se cumpla y que se haga cumplir la ley. Eso no es generar incertidumbre, sino precisamente tratar de evitarla, porque no hay nada más perjudicial para todas las actividades humanas que sentirse expuesto a la amenaza de la violencia.
Por nuestra parte reiteramos nuestra disposición, y también la de nuestros gremios asociados, a colaborar en todas las iniciativas que permitan solucionar los problemas sociales y económicos que enfrenta esa zona del país, a los que se debe dar atención urgente, sin esperar que los actos de violencia sean los que dirijan la agenda pública. Como lo señaló el Presidente de Sofofa, es una exigencia de humanidad, no de otra cosa.