Polémica designación en CDE El gobierno ha enviado una señal equívoca respecto al cuidado por el prestigio técnico de las instituciones del Estado y la gravedad que el Ejecutivo asigna a casos tan sensibles como el Sename o Gendarmería.
LA PRESIDENTA de la República sorprendió al mundo político –incluida su propia coalición- con la designación de Javiera Blanco -exministra de Trabajo y Justicia de este gobierno- como consejera titular del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Aun cuando se corrigió la anomalía de tener un cargo que permanecía vacante desde diciembre de 2014 -cuando renunció el abogado Álvaro Quintanilla-, resulta desconcertante que la Mandataria haya optado por una exministra que fue gravemente cuestionada mientras ejerció en Justicia, tanto por el escándalo de las pensiones en Gendarmería como por las graves denuncias de abandono y maltrato en el Servicio Nacional de Menores (Sename), además del irregular cambio de domicilio electoral de medio millón de personas, donde cabe una responsabilidad central al Registro Civil.
Su llegada al cargo de consejera implicará debutar de inmediato con inhabilidades, lo que resulta una forma muy poco auspiciosa de ejercer una función tan relevante como la representación de los intereses del Estado. Por de pronto, no podrá conocer de la querella que el CDE interpuso por las millonarias pensiones en el servicio de Gendarmería. El Consejo también deberá evaluar si se hace parte en las querellas interpuestas por la muerte de menores bajo dependencia del Sename, como también si decide tomar alguna acción por el cambio de domicilio electoral de cientos de miles de personas, lo que puso en ascuas las elecciones municipales.
Aun cuando es práctica habitual que los consejeros del CDE se inhabiliten en aquellas causas que les representen un conflicto de interés, los casos de Gendarmería, Sename y Registro Civil son de tal envergadura que es un contrasentido restar capacidades al Consejo respecto de causas complejas y que probablemente sentarán precedentes muy relevantes respecto de cómo el Estado asume las actuaciones de sus propios organismos. Pero quizás aún más grave es que con esta designación la propia Mandataria envía una señal muy equívoca respecto a la relevancia que desde el gobierno se asignan a casos de tanta relevancia pública. En particular, es del todo inconsistente que aun reconociéndose el fracaso del Estado en la protección de menores, se distinga en un nuevo cargo público justamente a quien le cupo responsabilidad política por la supervisión jerárquica del Sename.
La Presidenta ha defendido con ahínco esta designación, pero aun así no ha impedido que sectores de su propia coalición hayan cuestionado este nombramiento y lo califiquen como un desacierto. La exministra debió enfrentar una interpelación parlamentaria y dos intentos de acusaciones constitucionales, en tanto el nivel de aprobación ciudadana a su gestión alcanzó altos niveles de desaprobación. Lo insostenible de su situación llevó a que tuviera que dejar el gabinete, y por ello es sorprendente que entre los varios candidatos que la Presidenta tenía a mano -considerando además el extenso período de búsqueda-, haya optado finalmente por este nombre. Ello parece responder a una obstinación, y sugiere escaso interés por cuidar el prestigio y la excelencia técnica de las instituciones del Estado.