Información en educación

RECIENTEMENTE se han entregado mayores antecedentes sobre los resultados de la ordenación de establecimientos que llevó a cabo la Agencia de Calidad de la Educación a fines del año pasado. Sin embargo, la información disponible está lejos de cumplir con los requisitos que la ley le impuso a la institución y de los parámetros de transparencia que hoy exige el país.

De acuerdo al artículo 20 de la ley N° 20.529, la Agencia deberá dar “amplia difusión” a los resultados Simce, los otros indicadores de calidad educativa y a la ordenación de establecimientos. Dichas exigencias escasamente son cumplidas, tal como queda en evidencia al revisar el sitio web de la Agencia, donde únicamente se entrega la categoría en la que el establecimiento ha sido clasificado, sin mayor detalle de cómo se llega a dicho nivel de desempeño. Esto priva de información relevante a los apoderados, los medios de comunicación e investigadores interesados en el desempeño del sistema escolar. Por ejemplo, en medio de la discusión sobre el proyecto de ley de nueva institucionalidad para la educación municipal, es fundamental conocer qué porcentaje de los establecimientos municipales están en la categoría de desempeño Alto e Insuficiente de modo de identificar posibles diferencias en la gestión que se están traduciendo en mejores o peores desempeños académicos y formativos.

Desde el año 2015 se ha incluido una glosa en la ley de presupuesto que, paradójicamente, impide la difusión de información de resultados acerca de las evaluaciones que realiza la Agencia de Calidad. Lo anterior unido con al ánimo de dificultar la elección de escuelas explican gran parte de este problema. Avanzar en mayor disponibilidad de información es esencial para el diseño e implementación de políticas educativas y para que los apoderados puedan ejercer adecuadamente el derecho de elegir el establecimiento educacional de sus hijos.