Cartel del Fuego
Señor director:
En la columna de opinión “Avances en salud”, publicada ayer por su medio, y firmada por la ministra del ramo y la subsecretaria de Redes Asistenciales, llama la atención la falta de autocrítica y el olvido deliberado del programa de gobierno.
Lo real es que no hay avances en salud, solo se flota. De los 60 hospitales prometidos por el gobierno de Michelle Bachelet, la ministra indica que hay “24 del plan de gobierno que se encuentran en construcción y tres están terminados”, cuando se trata de hospitales de poca capacidad y resolución, que representan el 5% de la promesa de gobierno.
Nada dice la ministra respecto de las licitaciones de hospitales de gran capacidad que fueron rechazadas por la Contraloría debido a la ineptitud de los funcionarios a su cargo, y que han determinado millonarias pérdidas de recursos y tiempo.
Indica también que hay 113 dispositivos de atención primaria de Salud terminados, pero no explica a qué se refiere con “dispositivos” (son consultorios nuevos o ampliaciones o mejoras).
Finalmente, realiza un comentario sobre la ejecución del presupuesto para inversiones. ¿Debe autofelicitarse la autoridad cuando deja sin cumplir parte del presupuesto de inversiones? Yo creo que no. A la vista de todo lo anterior, ¿puede llamarse “avance” lo descrito por la ministra? Claramente no.
Faltaron comentarios sobre los incumplimientos de coberturas de vacunas básicas; sobre las compras de servicios a clínicas privadas en niveles nunca antes vistos; el nivel de endeudamiento de hospitales increíble y el aumentos de las listas de espera en cirugía y consultas. Además, el sistema público bajo su responsabilidad funcionó al mínimo durante las movilizaciones de noviembre, y fue frecuente que la autoridad acudieran a las reprogramaciones de cirugías, consultas, etc.
Esto no es avance. Siempre será mejor contar la verdad completa; a la población no le gusta que le cuenten lo que no ve. Señor director:
La semana pasada, por medio de un reportaje de televisión, nos enteramos sobre posibles irregularidades en los contratos entre empresas de capital extranjero dedicadas al combate de incendios forestales en Chile, y la Conaf, hablando incluso de posibles cohecho, fraude fiscal y colusión por la extensión de la investigación que se lleva a cabo en países europeos.
Se vuelve evidente lo frágil de la institucionalidad del Estado, cuando servicios esenciales que comprometen la seguridad de la nación están capturados por operadores políticos.
Sería sumamente grave que, mientras Bomberos y la sociedad civil lo daban todo para combatir los incendios que dejaron más de 7.000 damnificados, algunos organismos técnicos bloquearan -o al menos retrasaran- la entrada de grandes aviones como el SuperTanker para proteger los intereses de las empresas en cuestión.
Urge una investigación profunda en la Conaf y una reestructuración de la Onemi para determinar posibles irregularidades y no repetir, durante la reconstrucción, los errores cometidos por el Estado en la prevención y el combate oportuno de incendios forestales. Señor director:
Me refiero a los artículos “El regreso de la predilecta de Bachelet” y “El currículum Blanco” publicados en La Tercera del 12 de febrero.
El CV de Javiera Blanco muestra estudios especializados y una vasta trayectoria que comenzó en Paz Ciudadana, siendo transversalmente reconocida como profesional y por su credibilidad. En uno de los artículos se afirma que carece de competencias para ser designada consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE), dada su poca experiencia litigando. Para ello se comparan dos causas que registra como litigante, con 9 o 12 de dos consejeros, y con un recurso ante la Corte Suprema de otro. En los CV de los consejeros no se advierte, salvo en un par, que sean litigantes.
Soy abogada. Entre mi trabajo de estudiante como procuradora y la práctica obligatoria probablemente he patrocinado varios cientos de causas y no soy litigante.
Salvo la opinión de una asociación de funcionarios, el medio no detalló los fines del CDE, que asume la defensa judicial de los derechos del Estado, decide cuándo litigar y bajo cuáles argumentos, siendo los consejeros responsables con su patrocinio. Asimismo, emite informes y estudios jurídicos. Sin embargo, son las procuradurías las encargadas de litigar.
Se requieren conocimientos, criterio y experticia, pero no necesariamente ser litigante. este último tema, aunque desde otra arista.
La entrada en vigencia de la Ley 20.845, así como su tramitación no ha estado ausente de polémicas. Basta recordar las desafortunadas frases del entonces ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, o la circular de la Superintendencia de Educación que señalaba que no se podía alejar de las clases a alumnos debido a que no vistiesen el uniforme escolar, entre otros.
Dichos elementos llevan a reflexionar que más que medidas parche, lo que requiere la ley que prohíbe el lucro, el copago y la selección en la educación -denominada con el inocuo apelativo de “inclusión”- es una completa revisión de su articulado, si no su derogación. Esa tarea probablemente será asumida por el próximo gobierno, dado que el presente se ha caracterizado por su improvisación, ideologización y arbitrariedad en el actuar.