Mala política
EL LECTOR debe saber que entre columnistas y dirección de este diario no existe ningún tipo de coordinación de contenidos. Cada uno escribe de lo que quiere y cada uno dice lo que buenamente, o malamente, piensa. No llevo la cuenta exacta pero tengo la impresión que mi porcentaje de acuerdo con los puntos de vista que defienden los editoriales de este diario oscila en torno al 40%. Hay áreas temáticas, por supuesto, en que los niveles de coincidencia son altísimos (pienso, por ejemplo, en todo lo que concierne al manejo responsable de nuestras relaciones exteriores o a la defensa decidida de la libertad de prensa). Hay otros ámbitos, sin embargo, en que mi punto de vista difiere muy significativamente de la postura de La Tercera. En no pocas ocasiones he aprovechado el espacio de mi columna para marcar el contraste. Qui- siera pensar que algún lector podría beneficiarse de esos contrapuntos.
En el día de hoy, en todo caso, quiero opinar en el mismo sentido que una editorial reciente del diario. No estoy copiando, pues mi decisión estaba tomada de antes. Es una simple, y afortunada, coincidencia.
En concreto, deseo manifestarme críticamente sobre la idea de un grupo de diputados de la UDI que, al calor de los incendios de este verano, anunciaron un proyecto de reforma constitucional que, en caso de ser aprobado, permitiría que una mayoría calificada del Congreso Nacional, tres cuartos, pudiera declarar, por sí y ante sí, los estados de excepción constitucional. Se trata de un cambio muy importante. En la actualidad, y así ha sido desde los tiempos de Diego Portales, los estados de excepción requieren de la iniciativa del Presidente de la República.
Supongo que a los parlamentarios que patrocinan el proyecto les ha frustrado la que consideran una cierta reticencia o lentitud de la actual Presidenta por dar el paso jurídico político que permite que ciertas zonas del país queden bajo la dependencia inmediata de mandos militares. No tengo espacio hoy para discutir si a la Presidenta Bachelet le cuesta dar este paso o no. Tampoco puedo adentrarme en el análisis de un punto de vista que parece hacer del uniforme un fetiche. Lo que sí quiero plantear es mi parecer en el sentido que esta iniciativa es, desde el punto de vista del sistema constitucional chileno, altamente inconveniente.
El presidencialismo chileno atribuye al Primer Mandatario una autoridad que, en un lenguaje constitucional que se remonta a 1828, “se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República” (artículo 24). Aquel presidente que no cumpliere ese fundamental encargo puede ser objeto de la fiscalización parlamentaria y, eventualmente, puede ser objeto de acusación constitucional.
Reemplazar una de las reglas centrales del presidencialismo sin tocar el resto del sistema es mala arquitectura constitucional. Sustituir, en casos de crisis, las ventajas de una autoridad unipersonal claramente identificable, y sujeta a responsabilidad, por la decisión de una asamblea de 200 representantes sin potestades ejecutivas es pésima ingeniería constitucional. Improvisar cambios constitucionales ante cada emergencia que sufrimos es mala política. El proyecto de diputados UDI sobre los estados de excepción es, desde el punto de vista constitucional, inconveniente.