Gratuidad universal
Señor director:
Intelectuales cercanos a Chile Vamos han manifestado que no creen posible que pueda eliminarse la gratuidad de la educación superior que ha impulsado la Nueva Mayoría en un próximo gobierno, y que ello estaría bien.
Haber pasado a una lógica universalista (fin último: gratuidad para todos) carece de justicia respecto de la preocupación prioritaria que debe tener el Estado con los más necesitados.
Que la educación sea abierta y pública no implica que tenga el privilegio de disfrutar de ingresos infinitos y financiación inagotable, ya que en este ámbito, por mucho que todavía pretendan convencernos de lo contrario, no deja de aplicarse el principio básico de la economía: que los recursos son limitados. Hay un costo de oportunidad en toda decisión, lo que es particularmente importante cuando de ayudar a los más necesitados se trata.
El financiamiento de la educación debe focalizar los recursos en los grupos más vulnerables, imponiendo también criterios de mérito y excelencia. Una cosa es no tener los recursos para pagar y otra muy distinta es no exigir mínimos al alumno poseedor del beneficio. Es fundamental contar con un sistema objetivo, no discriminatorio y transparente en la asignación de los recursos a las instituciones de educación superior. Seguir el mo- argentino, regresivo, donde las instituciones no son selectivas y solo el 12% de los estudiantes se gradúa, con gran pérdida de recursos, no es camino correcto.
El gasto social debe estar focalizado en los sectores de menores ingresos. Esto ha permitido que Chile exhiba notables logros en indicadores sociales, como la reducción de la pobreza. Ciertamente el camino de las becas hubiera sido más despejado, directo y simple de abordar. incurrido en irregularidades que “aún no han sido aclaradas a esta autoridad, pese a los requerimientos planteados al efecto”. Ellas “implican una situación de descrédito, como asimismo, de desconfianza que se genera en el sistema financiero, beneficiarios, prestadores, acreedores y público”.
Se desconoce, además, que conforme a la misma Constitución “Es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud”, lo que la autoridad transgrede cuando obliga a los afiliados a permanecer en una isapre que ha incumplido las exigencias de funcionamiento impuestas.
Si bien la decisión de la Superintendencia se apoya en la ley, pugna con normas constitucionales de rango superior, a las que sin excepción deben ceñirse todas las autoridades, sobre todo si de no acatarlas resulta un atentado a la libertad, a la igualdad y a la salud de los ciudadanos.