Un asunto grave
ces de legislar con seriedad y responsabilidad para sí mismos, ¿cómo aspiran a que la nación los crea capaces de hacerlo para el resto de los chilenos y para el país?
La confianza en la democracia y sus poderes públicos, no pasa por creer que todos saben de todo, sino por la convicción de que parlamentarios y gobiernos acuciosos, secundados por partidos vinculados a la sociedad, apoyados por sectorialistas competentes, luego de escuchar las opiniones de interesados y afectados, harán una buena ley. Buena por la responsabilidad con que trabajaban y porque recogen con rigor toda la diversidad de la sociedad nacional que representan; razón esencial que justifica entregar la actividad legislativa democrática a un colegislador colectivo y no a un experto. La onda expansiva de esta crisis del refichaje llega muy lejos. Ya nadie serio, de derecha, centro o izquierda, duda que en estos años la política ha hecho un daño grande a nuestro dinamismo como nación, a nuestra convivencia, a nuestra capacidad para superar desigualdades con el mundo desarrollado que veníamos logrando, a la confianza en nosotros mismos y en nuestros gobernantes. Una política así no puede continuar. En todo el arco está obligada a la discontinuidad consigo misma. A volver a ser autoexigente en el pensar y actuar por el país. A dejar atrás el abandono de una gestión pública de calidad, al servicio de todos y no solo de unos pocos incumbentes. A propósito del refichaje, si el Congreso no es capaz de legislar con seriedad para sí mismo, ¿por qué creerle que puede hacerlo para el resto del país? A DOS SEMANAS de entrada en vigencia de la ley que regula el cobro de estacionamientos, la molestia de usuarios en medios de prensa sirvió de oportunidad para que los mismos parlamentarios que propusieron la ley convoquen a un “boicot” el próximo 15 de marzo, día internacional del consumidor. Esta nueva bancada de autoproclamados defensores de la clase media, entre los que destacan los diputados DC Chahín y Espejo, -el mismo ministro del Transantiago-, acusan irresponsablemente al Senado y ministro de Economía de ceder al lobby del gremio de los estacionamientos y centros comerciales, aludiendo a que la aplicación de la ley generó un aumento abusivo de algunas tarifas.
La falta de decoro queda en evidencia cuando algunos incluso proponen intervenir la industria y congelar precios para mayor equidad. Si analizamos los supuestos derechos del consumidor que pretenden defender, en términos de equidad, los diputados DC pretenden restringir la discusión exclusivamente a los derechos de aquellos usuarios de centros urbanos y comerciales que tiene mayor poder adquisitivo: los propietarios de un auto. Olvidando el derecho de accesibilidad desde otros medios de transporte que requieren igualdad de beneficios para acceder a los centros urbanos y comerciales, y el de todos quienes merecemos vivir en ciudades libres de congestión y contaminación. El discurso de Chahín y Espejo es populista, oportunista y excluyente, ya que no interpela a los equipamientos comerciales y de servicios y a los automovilistas a contribuir a una ciudad más sostenible y equitativa en términos de accesibilidad urbana respecto a los demás modos de transporte.
Todos los urbanistas e ingenieros en transporte coincidimos en que la gratuidad o bajos precios en estacionamientos promueven la congestión; que nuestros centros urbanos y comerciales son los principales polos de servicio y atraen un número significativo de viajes; lo que inevitablemente genera congestión vehicular, contaminación, pérdida de tiempo y otros costos sociales que terminamos pagando todos los ciudadanos. Por esto es imperativo desincentivar el uso del automóvil en zonas saturadas donde existe amplia oferta de transporte público.
La ley en ese sentido sinceró los costos sociales de estacionar y vela que los usuarios no sean víctimas de prácticas o cobros abusivos como el ticket perdido. También corrigió las tarifas a valor de mercado velando por el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un ambiente libre de congestión y contaminación, donde todos podamos movilizarnos sin discriminación o privilegios.
Moverse en dos toneladas de fierros humeantes y estacionarlos en zonas saturadas de nuestras ciudades es un privilegio y no un derecho de clase media. Por eso, propongo extender el boicot del 15 de marzo a todos los días hábiles, dejando nuestros autos en la casa para viajes ocasionales o el fin de semana. Parafraseando al alcalde Peñaloza de Bogotá: una ciudad avanzada no es en la que los pobres pueden moverse en auto, sino una en la que incluso los ricos utilizan el transporte público.