Proyecto para reformar la Constitución
Insistir en un cambio constitucional sin claridad de lo que se quiere y recurriendo a mecanismos que sobrepasan al Congreso profundiza la incertidumbre.
EL GOBIERNO, tras el comité político y la reunión con los presidentes de los partidos del oficialismo realizado la semana pasada, confirmó que dentro de las prioridades legislativas de marzo se encuentra el proyecto de reforma al Capítulo XV de la Carta Fundamental, que establece los mecanismos de reforma a la Constitución. Con ello se da paso a la segunda etapa del proceso constituyente –primero fueron los “cabildos” ciudadanos, insistiendo en un proceso que no solo está lejos de despertar el entusiasmo popular, sino que busca introducir una nueva Constitución mediante artificiosas maniobras, lo que daña la institucionalidad del país.
Este medio logró acceder hace un tiempo al borrador de esta reforma, según éste la iniciativa buscaría introducir un nuevo mecanismo que permitiera a la Presidenta, con acuerdo de 2/3 de los senadores y diputados en ejercicio, habilitar al Congreso que asuma el próximo año a iniciar el proceso para una nueva Constitución. El futuro Congreso definiría por un quórum de 3/5 de los parlamentarios en ejercicio el mecanismo de discusión de la nueva carta fundamental dentro de alternativas como asamblea constituyente, comisión bicameral o convención constituyente, y en caso de que no exista acuerdo, la realización de un plebiscito.
Este nuevo paso que seguirá en el proceso constituyente resulta preocupante, ya que viene a introducir un factor adicional de inestabilidad, que se suma a otras iniciativas de la actual administración, como las reformas tributaria y laboral, cuyos efectos en el crecimiento, empleo e inversión son ya evidentes. El debate sobre una reforma constitucional es legítimo -la mejor prueba de ello son los múltiples cambios que ha experimentado el actual texto-; el proceso de los cabildos ciudadanos también fue una manifestación de participación ciudadana que no cabe menospreciar -aunque al haber convocado a una magra fracción del padrón electoral carece de la suficiente representatividad-; pero un tema de naturaleza distinta es la insistencia en facilitar los mecanismos para desechar la Constitución, desconociendo el rol que juega el dar estabilidad y seguridad institucional a país.
Es preocupante la falta de definiciones más precisas del gobierno sobre lo que se pretende con esta nueva Constitución, lo que resulta inexplicable considerando que han transcurrido casi cuatro años desde que se anunció una nueva carta fundamental. Al carecer de un norte, en vez de poner en marcha fórmulas que podrían trasladar la discusión fuera del Congreso –como sería un plebiscito, o una asamblea constituyente- y otorgando excesivo poder a mayorías transitorias para definir asuntos fundamentales, sería más beneficioso centrarse en la discusión de reformas concretas en áreas específicas, lo que ayudaría a centrar un debate disperso y que podría devenir en cambios impredecibles.
Si se pretende introducir reformas a la Constitución están los mecanismos para ello, y el espacio para su discusión es el Congreso. Resulta altamente inconveniente introducir cambios que lleven al actual Parlamento a autorizar un menor quórum, para facilitar que el futuro Congreso, eventualmente, pueda delegar lo que tradicionalmente han sido sus funciones y responsabilidades, considerando que sus integrantes precisamente están ahí representando a la ciudadanía que los eligió.