A la hora de balances, nuestra voluntad es proyectar los cambios estructurales que se han iniciado. Por lo mismo, no nos da lo mismo el rumbo que pueda tomar el país en las elecciones de noviembre.
LA OFERTA política que la Nueva Mayoría hizo a la ciudadanía el 2013, era la de un gobierno que no tuviera temor de afrontar y emprender las reformas que Chile requiere y que desde mucho antes una masiva movilización social venía demandando.
Estos tres años no han sido fáciles y la explicación puede ser multivariable. Pero parte de la resistencia a los cambios tiene que ver con que las reformas planteadas subvierten la lógica de mercado existente en sectores donde hoy la ciudadanía exige derechos.
Ejemplo de ello es la educación, donde ya es insostenible seguir manteniendo lógicas de consumo, pues se entiende que ella debe ser un derecho irrenunciable para nuestras niñas y niños.
Este año más de 95 mil estudiantes accedieron a la gratuidad en educación superior, completando así un beneficio que llega a más de 200 mil familias que ven como la educación de sus hijos, no queda supeditada al poder adquisitivo ni prisionera del crédito bancario. No está de más recordar que podemos afrontar este desafío, porque este gobierno llevó adelante una reforma tributaria que ha permitido contar con los recursos necesarios para solventar esta demanda social.
Este profundo cambio de matriz política, como era esperable, ha encontrado la férrea oposición de quienes han encontrado en el actual esquema institucional terreno fértil para el desarrollo de sus intereses particulares por décadas, y que les ha permitido -amarres constitucionales mediante- la entronización de un sistema económico altamente oligopólico y concentrado y de una democracia donde la soberanía popular es un factor relativizado, sin la capacidad de configurar un institucionalidad al servicio de las mayorías.
Pero a pesar de ello, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ha tenido la voluntad de desarrollar, quizás la más importante de las reformas: dotar al país de una nueva Constitución nacida en democracia.
Este proceso, aún inconcluso, ha permitido implementar un proceso de participación ciudadana donde miles de chilenos han tenido la oportunidad de expresar aquellos acentos que debiese contemplar la nueva norma constitucional.
Este es un país donde aún hay muchos pendientes. Ahí está la necesidad de seguir avanzando en la reforma al Código de Aguas que consagre el acceso al agua como un derecho humano, la urgencia de reformar un sistema previsional que no brinda las respuestas que la sociedad requiere y que obliga a los pensionados a seguir trabajando y la posibilidad de que Chile lidere la adaptación al cambio climático en la región, convirtiendo los desastres naturales en una oportunidad.
Por eso, a la hora de los balances, nuestra decisión y voluntad es proyectar los cambios estructurales que se han iniciado. Por lo mismo, no nos da lo mismo el rumbo que pueda tomar el país a partir de las elecciones de noviembre.
Lo importante es que hay acentos que no pueden ser retrotraídos. Como legados de esta administración quedará el impulso a los ministerios de la Mujer, de las Culturas, de Pueblos Indígenas y de Ciencia y Tecnología; la Subsecretaría de Derechos Humanos; la elección de gobernadores regionales; pero también las leyes que termi- naron con el sistema binominal y todas aquellas que han permitido mayor transparencia y menor incidencia del dinero en la política.
Pero quizás lo más importante al final sea haber roto la inercia transicional, que con todo lo importante que fueron sus acuerdos, no podían terminar convirtiéndose en cortapisas a los cambios necesarios.
Lo importante es haber terminado con el miedo de algunos a torcer la poco justa mano invisible, para empezar a edificar la república democrática y moderna que nos demandan los ciudadanos del siglo XXI.