Sostenedores de colegios subvencionados estudian ofensiva judicial por Ley de Inclusión

► mejores condiciones para que la banca participe, pero aún no tenemos conocimiento de qué instrumento se usará para la compra. Hay que entender que los bancos prestarían dinero para adquirir el inmueble, pero esto ya no será un crédito hipotecario, será un crédito educacional, por lo tanto hay que crear una herramienta y no sabemos qué condiciones establecerá ésta, qué tasas aproximadas vamos a tener”.

Según José Valdivieso, sólo BancoEstado ha informado que está dispuesto a otorgar créditos. Por otro lado, algunos critican que no se permita el arriendo de los inmuebles. “En definitiva, habría casos en que no se puede continuar con el proyecto educativo y ahí se produce un problema grave. Las cláusulas de los convenios firmados con el Mineduc por la jornada escolar completa señalan que si el sostenedor deja de prestar el servicio educativo debe devolver los fondos. Pero en estos casos la voluntad de cerrar no es del colegio, sino del ministerio que con las normas de la Ley de Inclusión no nos permite seguir funcionando”, señala Valdivieso, quien remarca “que estos casos hay que analizarlos y ver si hay posibilidad de recurrir a la justicia”.

Hernán Herrera coincide en que hay conflicto con la devolución de estos fondos. “Los colegios suscribieron un convenio con el ministerio. Allí, el establecimiento se comprometía a que iba a seguir proveyendo de educación por un plazo, y lo que entendemos los sostenedores es que en la medida en que sigas dando educación en los mismos términos, no deberías reembolsar este saldo”, dijo el representante de la Conacep. Enfatiza que “la ley dejó establecido que tienes que devolver estos fondos y ahí lo más probable es que alguien sienta que sus derechos está siendo conculcados y vayan a los tribunales. Pero esas son iniciativas individuales”.

En cuanto a la posibilidad de llegar a la justicia, Herrera sostiene que como gremio “no podemos defenderlos a todos. Pero en la medida en que algún colegio se sienta vulnerado, o que haya inconstitucionalidad, se podría llevar el problema a la justicia”.

Las visiones críticas se replican en otros sostenedores. Rodrigo Díaz, abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (Fide), manifiesta que hay varios puntos por los cuales los sostenedores podrían acudir a los tribunales y llama a “ver de qué manera una segunda normativa de adecuación a la Ley de Inclusión puede darle viabilidad a lo que se planteó como política pública”.

Según Herrera, hay parlamentarios que están de acuerdo con un arriendo por un plazo indefinido, pero que esté regulado. “Para nosotros eso es fundamental, porque hay muchos sostenedores que no están disponibles a entregar su colegio a entidades sin fines de lucro”.

En tanto, Rodrigo Díaz asegura que eventualmente otros actores podrían ir a tribunales. “Con el nuevo método de admisión, cuando haya apoderados que postulen a colegios a través del sistema aleatorio y no queden, podrían reclamar su derecho a elegir”, indica el abogado. ●