DECLARACIONES

Señalan que aún hay incertidumbre respecto a la compra de los inmuebles escolares, entre otras materias.

A principios de este año, cuando faltaba poco para marzo y con ello para que se cumpliera un año desde la entrada en vigencia de la Ley de Inclusión, se aprobó una iniciativa legislativa apodada “miscelánea”. Esta abordaba diversas modificaciones a leyes educacionales, entre ellas, a la emblemática norma que busca poner fin al copago, la selección y el lucro en los colegios que reciben fondos públicos. Las modificaciones se dieron tras una serie de demandas de parte de los sostenedores, quienes acusaban problemas para cumplir con las exigencias. Incluso un grupo de senadores de la Nueva Mayoría envió una carta pidiendo modificar la emblemática reforma, que impacta a alrededor de 6.000 colegios que actualmente reciben subvención.

Pese a las modificaciones, los sostenedores siguen sin estar conformes. La Ley de Inclusión original obliga a quienes quieran seguir siendo subvencionados, a transformarse en entidades sin fines de lucro y ser dueños del inmueble donde está emplazado el establecimiento a 2021. La llamada ley miscelánea amplió el plazo, de marzo a junio de este año, para que los sostenedores notifiquen si desean continuar siendo subvencionados. Así, en esa fecha deben informar si se sumarán al régimen de gratuidad escolar, si desean convertirse en entidades particulares pagadas o cerrar.

Además, la normativa miscelánea extendió la fecha en la cual deben ser dueños del inmueble a 2023 y aquellos que inicien el proceso de transformación antes del 1 de julio próximo, tendrán diez años en total, es decir, hasta 2027.

Pero, para los sostenedores, todos estos cambios no solucionan la problemática de fondo. Por eso, según explica José Valdivieso, presidente de la Confederación de Asociaciones de Educación Particular Subvencionada

► (Conapas), sostendrán un gran encuentro nacional el próximo 6 de abril en el que no sólo acordarán una serie de demandas conjuntas, sino que también analizarán medidas judiciales.

“No se logró nada, sólo se creó más incertidumbre porque se prolongaron plazos sin modificar los problemas reales. En el encuentro vamos a tomar decisiones gremiales, establecer un pliego de demandas y analizar tomar acciones legales, ver qué estrategia conviene para eso. Está la posibilidad de demandar al Estado”, señala Valdivieso.

¿De dónde viene el descontento? De los obstáculos denunciados desde un principio, dice Valdivieso: “El gran problema es cómo van a quedar parados los colegios. Hay establecimientos que arriendan a terceros y éstos no están interesados en seguir alquilando a una corporación, por lo tanto, el colegio no tiene dónde seguir funcionando. Otros arriendan y tienen que comprar, pero los dueños no quieren vender. También está el problema de que los bancos no quieren otorgar préstamos”.

Según la Ley de Inclusión, los sostenedores pueden adquirir el inmueble donde funciona el colegio de dos formas: recurrir a un préstamo bancario con garantía de Corfo o adquirirlo por cuenta propia. Para el pacto de compra se pone un tope máximo de 25 años .

Hernán Herrera, presidente de Colegios Particulares de Chile (Conacep) enfatiza que “la ley miscelánea estableció

Presidente Conacep