Voluntad de integración
LA REUNIÓN ministerial convocada por Chile y la Alianza del Pacífico (AP), en Viña del Mar, para discutir las distintas alternativas para el libre comercio en Asia Pacífico, tuvo un impacto mundial. Los medios internacionales más diversos así lo demostraron. En un momento de incertidumbre y de auge de la retórica proteccionista, en Viña dimos una señal inequívoca de apertura y de compromiso con una globalización que beneficie a todos.
La reunión surgió a partir de una iniciativa de Chile en su condición de presidente pro témpore de la Alianza. Siguiendo un diálogo virtual previo entre los presidentes Michelle Bachelet, Juan Manuel Santos, Pedro Pablo Kuczynski y Enrique Peña Nieto, los cancilleres y ministros de Comercio adoptamos un paso decisivo para el futuro de la región, que marcó el encuentro de Viña: la Alianza iniciará conversaciones con socios de Asia Pacífico para lograr acuerdos de libre comercio, con altos estándares de calidad y en plazos breves.
Todo país que suscriba un acuerdo de esta naturaleza con la AP será considerado “miembro asociado” de la Alianza. Existirán, entonces, tres categorías en el bloque: miembro pleno, miembro asociado y observador. Esta decisión da inicio a una nueva etapa de la Alianza. Seguiremos profundizando nuestra relación intra-bloque (aún falta mucho por hacer); pero, a la vez, avanzaremos hacia el objetivo de establecer acuerdos comerciales de alta calidad con nuestros vecinos de la costa oeste del Pacífico. La AP puede convertirse así en una plataforma clave para concretar la integración económica de AsiaPacífico.
En cuanto al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), los 11 signatarios acordamos mantener contactos y reunirnos nuevamente para evaluar diferentes opciones de cómo proceder. Para Chile y sus socios TPP este instrumento, dotado de altos estándares y disciplinas, puede servir de referencia clave para fortalecer nuestro trabajo conjunto de integración.
Igualmente, los ministros y altos funcionarios dejamos establecido que existen varios modelos o enfoques (bilaterales, regionales y multilaterales) para avanzar hacia el libre comercio; que ninguno debe ser descartado y que, de hecho, pueden ser complementarios.
Paralelamente, los ministros de la Alianza del Pacífico decidimos reunirnos con nuestros pares del Mercosur en abril, para continuar con la elaboración de un plan de acción común que genere más comercio y acercamiento entre los dos bloques. Así, nuestro planteamiento de convergencia en la diversidad se hace realidad, pues hay consenso en avanzar en temas de común interés, sin perjuicio de que existan áreas en las que tengamos diferencias.
En el mundo de hoy, navegar en conjunto con nuestros socios nos llevará más rápido hacia un mayor crecimiento y desarrollo. El comercio no es un juego de suma cero; podemos ganar o perder juntos. Es hora de retomar el rumbo del progreso colectivo e inclusivo, y así quedó claro en Viña.
En momentos de auge de la retórica proteccionista, en la reunión ministerial de la Alianza del Pacífico, dimos una señal inequívoca de apertura.
LAS últimas semanas se ha conocido una millonaria defraudación al interior de Carabineros de Chile. A la fecha son inciertos los montos involucrados y el total de funcionarios y civiles que habrían participado. No obstante, ya se avizora que se trataría del caso de defraudación de fondos públicos más grande y complejo que ha conocido nuestro sistema procesal penal. Como es obvio, el caso no ha dejado a nadie indiferente. Carabineros es por lejos una de las instituciones estatales de mayor prestigio y que genera más confianza en la ciudadanía, según encuestas de opinión pública de diverso tipo. De otra parte, resulta indudable que cumple una función clave para el estado de derecho contar con policías legitimadas ante la ciudadanía; por lo mismo, es un valor que debemos cuidar como país. En este contexto, el caso ofrece la posibilidad de tener una mirada un poco más compleja acerca de la institución y sobre la evidente necesidad de iniciar un debate serio para democratizar, profesionalizar y modernizar su trabajo. La paradoja que se produce es que los altos niveles de confianza pública con que cuenta la institución, junto con ser un enorme capital, parecieran haber jugado el rol de obstaculizar este proceso de discusión. Lo que se aprecia es que, por ejemplo en materia de seguridad ciudadana, diversas autoridades se han preocupado más de ser una suerte de voceros del punto de vista policial, que de mirar objetivamente su funcionamiento. De esta forma se suelen esgrimir eslóganes de todo tipo para responsabilizar a otros actores del sistema por los fracasos, más que mirar los datos y la evidencia disponible que dan cuenta de algunos problemas importantes del trabajo policial, generando un verdadero punto ciego. Esto ha llevado a que las políticas públicas más relevantes en el sector en los últimos años, hayan sido los aumentos de presupuesto, de dotación y la propuesta de reformas legales de reforzamiento de sus facultades. Es más, estas políticas han sido la promesa central contenida en los programas de varios candidatos a la presidencia en las dos o tres últimas elecciones. El impacto de ello no ha sido menor. Por ejemplo, en la actualidad, la principal proporción del gasto público que se invierte en materia de delincuencia está asignado a las policías (49,1% del total) y dentro de ellas a Carabineros (38%), todo esto en un contexto de aumento significativo del mismo entre los años 2013 y 2015 (9,2%). En forma paralela, no ha habido una mejor regulación de los deberes y mecanismos de rendición de cuentas ni los sistemas de control democrático en el uso de estos recursos y facultades.
Las campañas presidenciales ofrecen la oportunidad de plantear el desafío de pensar y discutir qué policía queremos en el contexto actual y, especialmente, cómo podemos hacer de Carabineros una institución más democrática, profesional y moderna. Esto supone cambiar el foco de cómo se ha discutido el tema hasta ahora, y hacer una reflexión seria basada en evidencia y en un conocimiento más profundo sobre el trabajo y funcionamiento de las policías en Chile. La invitación para los distintos candidatos es a dejar de lado los eslóganes fáciles y las propuestas de siempre, para comprometerse en una mirada más profunda, de largo plazo y concebida como una política de Estado.