Denuncias de la Contraloría a reparticiones públicas

Las investigaciones por eventuales delitos en instituciones del Estado son valorables, pero se debe velar porque se mantengan necesarios contrapesos.

CON OCASIÓN de un nuevo aniversario de la Contraloría General de la República (CGR) y en entrevista con este medio, Jorge Bermúdez hizo un repaso por sus 15 meses como Contralor y presentó algunos aspectos de lo que considera son los próximos desafíos respecto a la probidad y el buen uso de los recursos públicos.

El contralor ha impreso un sello a su gestión que debe ser valorado. Se han incrementado significativamente las auditorías y recientes diligencias han dado pie a las investigaciones que actualmente lleva la Fiscalía por eventuales delitos de negociación incompatible en diversas instituciones del Estado. Al mismo tiempo, poner sobre la mesa asuntos como la exclusividad del rol del funcionario público de modo de minimizar potenciales conflictos de interés, son debates que van en la dirección correcta.

Sin embargo, se debe velar porque se mantengan necesarios contrapesos y un ámbito de acción acotado en el quehacer de la CGR. El interés manifestado por ésta en fiscalizar a organismos privados que reciben recursos públicos o la errática actuación que tuvo en la en la fusión de administradoras de fondos de pensiones, dan cuenta que el equilibrio entre una CGR fuerte y otra que vaya más allá de sus atribuciones no es fácil de conseguir. En ese sentido se debe apoyar una Contraloría autónoma aunque ello no signifique autonomía presupuestaria como solicita el contralor. Ello no es común en nuestra institucionalidad y tanto el Poder Judicial, el Congreso y las Fuerzas Armadas, entes claramente independientes del Ejecutivo, se financian vía presupuesto nacional, al igual como actualmente sucede con la CGR.

Con todo, la preocupación por el buen uso de los recursos públicos debe ir más allá de la mera legalidad del uso de estos. Tal como afirmó Bermúdez, la corrupción no solo abarca su definición más recurrente sino que también incluye una serie de malas prácticas. Por ejemplo, las paralizaciones en el sector público cuyos partícipes -pese a las amenazas de las autoridades- tradicionalmente no sufren descuentos por los días no trabajados. Por otra parte, programas estatales de bajo impacto y efectividad también debieran ser parte de una agenda que tenga como prioridad el buen uso de los recursos públicos.

A diferencia de lo que sucede en Chile, donde la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda es quien evalúa a posteriori los programas gubernamentales, los cuales típicamente no sufren modificaciones sustantivas y siguen siendo financiados pese a ser mal evaluados, en países desarrollados esos juicios acerca del impacto del gasto público quedan en manos de instituciones autónomas al gobierno de turno. Así se logra contar con un juicio independiente que permita una adecuada rendición de cuentas. Por ejemplo, la General Accountability Office el símil de EE.UU. a la CGR, es quien tiene esta responsabilidad. En otros países son agencias autónomas totalmente dedicadas a producir evidencia para la toma de decisiones.

Es posible que el aumento en la percepción de corrupción en nuestro país responda, en parte, también a cuestionamientos a la eficiencia del gasto público. Revertir este escenario requiere no solo de los esfuerzos de fiscalización de la CGR sino que también de rediseñar la forma en que el Estado y sus organismos funcionan de manera de asegurarse que los recursos públicos sean invertidos adecuadamente.