La Tercera

OEA discute dura resolución contra Venezuela por crisis institucio­nal

► Organismo votaría también convocator­ia a cita de cancillere­s para definir si se aplica Carta Democrátic­a.

- A. Frieser

En la sesión de hoy de su Consejo Permanente, la Organizaci­ón de Estados Americanos (OEA) votaria una dura declaració­n contra Venezuela, auspiciada por 13 países, y podría convocar también a una reunión de cancillere­s para definir si aplica o no la Carta Democrátic­a para presionar al gobierno de Nicolás Maduro a respetar la separación de poderes, fijar un calendario electoral y liberar a los políticos presos.

Un acuerdo determinó, según explicaron fuentes diplomátic­as a la agencia Efe, que sean los cancillere­s, y no los embajadore­s en la OEA los que voten finalmente la aplicación de la Carta a Venezuela, tras la alteración del orden constituci­onal generado por la resolución del Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional.

Aunque el Tribunal rectificó la decisión de dejar sin competenci­as a la Asamblea Nacional el sábado, el presidente del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges, llamó a “rebelarse” ante el gobierno de Nicolás Maduro y el TSJ porque “están violando la Constituci­ón” del país.

Precisamen­te con el afán de “promover la normalizac­ión de la institucio­nalidad democrátic­a” en uno de los países miembros, la OEA creó dicha Carta, instrument­o jurídico para garantizar la democracia en la región y que, de no lograr su cometido, puede provocar la suspensión de Venezuela del organismo.

Tanto para convocar la reunión de cancillere­s como para que se inicie el proceso de la Carta se requieren 18 votos, vale decir, la mayoría simple de los 35 estados miembros. Según fuentes del grupo promotor de la moción, ya cuentan con ese número.

Un grupo consolidad­o de 14 países, entre ellos Chile, estaría a favor de iniciar el proceso. El voto de Uruguay es clave ya que ha sido reticente a activar la Carta. Sin embargo, el país reconoció que en Venezuela hay una “ruptura del orden constituci­onal” y una “intromisió­n sistemátic­a” por parte del Supremo en el Parlamento. Ese grupo debe convencer, al menos, a cuatro naciones de un grupo de países caribeños que por más de una década se han beneficiad­o del petróleo subvencion­ado de Venezuela.b

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