Contraloría

TRADICIONALMENTE la Contraloría General de la República (CGR)no ha tenido una gran imagen, más bien ha proyectado la de un organismo anticuado, formalista, que aumenta la burocracia estatal lentificando los procesos. Tan fuerte es esta idea, que una de las razones que se ha dado para justificar una suerte de situación desmedrada de las universidades estatales frente a las privadas, es que las primeras deben someterse a la tuición de la Contraloría y las otras no.

Pero parece que esta imagen comienza a cambiar y a posicionarse la idea de que la acción de la Contraloría realmente agrega valor, asumiendo un rol protagónico en la defensa de la probidad y el buen uso de los recursos públicos. Y hay que reconocerle en ello méritos al nuevo contralor quien en el último tiempo ha tomado iniciativas decididas en tal sentido.

Probablemente, el caso más significativo haya sido la invalidación de las pensiones excesivas otorgadas por Dipreca. También en el ámbito previsional, se opuso a la pretensión de los funcionarios de la DGAC de ser traspasados al sistema de Capredena, poniendo de paso en evidencia los privilegios asociados a los sistemas de reparto. Y, en otro ámbito, le ordenó a la Superintendencia iniciar un proceso de invalidación del goodwill con que la AFP Cuprum pretendía eludir el pago de impuestos.

Con estas decisiones el contralor no solo tuvo que enfrentar a los directamente afectados, sino a otros importantes actores institucionales. En el primero, debió salirle al paso a la clase política. En el segundo, ha tenido que litigar contra el propio Poder Judicial para defender sus facultades para decidir estas cuestiones. En el último, fueron las grandes empresas las que reaccionaron pues se trata de una práctica extendida entre ellas.

Pero no hay que equivocarse, la motivación detrás de estas acciones no es ni ideológica ni política, sino simplemente la de defender el patrimonio estatal. En el caso de Dipreca, 187 funcionarios de Gendarmería jubilados entre 2014 y 2016 reciben pensiones superiores al tope de 60 UF. Por otra parte, se calcula que si se aceptara el cambio de sistema previsional de la DGAC el costo fiscal ascendería a 300 mil millones de pesos en 30 años y la pérdida fiscal por el goodwill es de 130 millones de dólares.

A todo lo anterior se suma la iniciativa de denunciar situaciones patrimoniales inconsistentes de altos funcionarios públicos. Impresiona lo sencillo que fue dar con ellas, lo que bien se podría haber hecho hace mucho tiempo. Más allá de la potente señal que manda esta acción, no está nada clara la suerte que tendrán las investigaciones penales, las que, en cualquier caso, aparejan penas muy bajas.

Controlar diligentemente la legalidad del gasto público constituye sin dudas un gran avance de la Contraloría, pero a futuro podría irse más lejos. En la experiencia comparada existen agencias, como la GAO en Estados Unidos, con facultades para analizar la pertinencia de las inversiones públicas. Se trata en ese modelo de velar no solo porque nadie se apropie de fondos que son de todos, sino de asegurar que los recursos sean realmente invertidos con sentido y no dilapidados en programas inútiles o poco efectivos.

Controlar diligentemente la legalidad del gasto público, es un gran avance de la CGR, pero a futuro podría irse más lejos.