Ley de Seguridad del Estado

HACE ALGUNOS días el gobierno anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) con el objetivo de que quienes digan ser parte de la organización y se refieran a sus actos públicamente, deban declarar ante las autoridades. Es segunda vez que el Ejecutivo presenta una acción legal contra los miembros de esa organización, la primera fue en 2002 durante el gobierno de Ricardo Lagos, donde se detuvo a la cúpula de la organización, quienes finalmente terminaron sobreseídos.

Ante el problema más acuciante de la región de La Araucanía como es el cuadro de inseguridad y debilitamiento del estado derecho, este hecho constituye una señal positiva por parte del gobierno, sobre todo, considerando que la CAM es un grupo que justifica los medios violentos en su accionar.

Si bien, la acción y postura del Ejecutivo en este tema va en la línea correcta -teniendo en cuenta además, la actitud adoptada por la propia Presidenta Michelle Bachelet al descartar todo tipo de diálogo con “personas que lleven adelante la violencia”- hubiese sido esperable que la aplicación de esta medida se realizara de manera más temprana, con el objetivo de llevar ante la justicia cuanto antes a los responsables de los atentados y episodios de violencia en la región, los cuales se agudizaron durante 2016.

Además, los escasos resultados concretos frente a una realidad que solo muestra signos de continuar empeorando, hacen exigible una acción decidida de las autoridad, la cual debe ir más allá de declaraciones, por lo que esta medida constituye un primer paso para avanzar en la neutralización de los grupos radicalizados, condición indispensable para mejorar la situación de seguridad en la región.

Con todo, es necesario esperar un tiempo prudente para evaluar el impacto de esta medida, la cual debiese ser armonizada con otras propuestas y tareas de largo plazo.