Reforma a la Constitución

Señor director:

La Presidenta presentó el primer proyecto de ley que vincula el proceso constituyente con la institucionalidad vigente, conforme al cronograma anunciado en octubre de 2015. El proceso impulsado por el Ejecutivo ha logrado avanzar pese a las resistencias que enfrenta tanto desde ChileVamos como desde parte de la propia coalición de gobierno. Haber llegado hasta aquí parece una buena noticia. Sin embargo, no es mucho más lo que se puede rescatar. El principal elemento que llama la atención, y que ha estado presente a lo largo de toda la discusión, son los altos quórum que el gobierno asumió para el proceso: 2/3 para aprobar la reforma al Capítulo XV y para convocar a una eventual Convención Constitucional, y el quórum para la ley orgánica constitucional se sube de 4/7 a 3/5. El trasfondo no es solamente cuántos votos se necesitan, si los votos están o, incluso, quiénes concurrirían a dichas votaciones. El trasfondo es que quiénes están llamados a concurrir con la mayoría para alcanzar estos quórum contramayoritarios son, por definición, los sectores minoritarios; específicamente quienes con su sola abstención hacen fracasar todo el proceso.

Basta que se nieguen a discutir el proyecto para que todo el proceso se caiga. Su negativa protege el actual ordenamiento, pues la regla por defecto -aquella que rige a falta de acuerdo democrático- es la Constitución vigente, cuya ilegitimidad motiva toda esta discusión. La derecha, que diseñó la Constitución, lo sabe. Si la derecha tiene la llave para abrir la puerta del cambio constitucional, la pregunta es por qué el gobierno insiste en ese camino, en lugar de consultar al titular de la soberanía, el pueblo, a través de un plebiscito.

Jaime Bassa sustancialmente el acceso a sanitización y agua potable. Mirar el índice sin considerar que Ecuador es un país más pobre que Chile; más aún, con una población similar a la chilena en un territorio tres veces menor, y que tiene una economía dolarizada dependiente de la exportación de petróleo, es tergiversar el análisis. El EPI no fue diseñado para respaldar visiones parciales ni para atacar a países, sino como un insumo para apoyar al tomador de decisiones. Camilo Huneeus discusión sobre los lineamientos que cada institución proponga. Tomás Norambuena Arenas

Profesor de Derecho Constitucional Universidad de Valparaíso

Candidato a Master en Gestión Ambiental Yale University

Presidente

Katia Soto Liebe

Secretaria Fundación Más Ciencia