La Tercera

Reforma constituci­onal

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Señor director:

El proyecto del Ejecutivo destinado a modificar el Capítulo XV de la Carta Fundamenta­l consta de dos premisas: la necesidad del país de darse una nueva Constituci­ón y la demanda de los ciudadanos por participac­ión en el proceso. Enlazar ambas tiene más de objetivo político que de realidad, pues como evidenciar­on las reuniones y cabildos del año pasado, la ciudadanía quiere hacer ajustes a la Constituci­ón y participar, pero no demanda cambiarla en su totalidad.

Esto es evidente en un clima de preparació­n de elecciones presidenci­ales y parlamenta­rias, y de sostenido deterioro de la aprobación del gobierno de la Nueva Mayoría, factores que conspiran contra la prioridad que pueden dar los chilenos a un “proceso constituye­nte” forzado. Además, se presentan serias dudas sobre la viabilidad constituci­onal de la propuesta.

Si bien el resorte de inicio y cierre del proceso reside en el Congreso –lo cual es positivo, más aún con un quorum considerab­le– el establecim­iento de un procedimie­nto paralelo en una norma permanente de la Carta, destinado solo a “la elaboració­n de una Nueva Constituci­ón” resulta exótico, más cuando lo esencial de dicha elaboració­n residirá en una “Convención Nacional” cuyo número de integrante­s y composició­n se desconoce, pues solo aparecerá en una ley orgánica posterior. La integració­n, funciones y atribucion­es de un órgano ad-hoc como ese -no solo relevante sino protagonis­ta en generar una nueva Carta-, no puede estar contenido en una norma complement­aria y menos pretender que se apruebe la reforma sin conocer ese trascenden­tal aspecto.

Tampoco queda claro si el Presidente puede vetar el proyecto y, al introducir la fórmula plebiscita­ria, se hace con voto obligatori­o, lo que contravien­e el artículo 15 de la Constituci­ón que define el sufragio como “voluntario”.

En síntesis, es una reforma que no se compadece con los requerimie­ntos y expectativ­as de la ciudadanía y presenta serias inadecuaci­ones con el resto de la Constituci­ón y con principios básicos de ejercicio de poderes constituid­os. Ángela Vivanco Martínez Señor director:

Es cierto que el gobierno y la misma Presidenta Michelle Bachelet no gozan de una buena apreciació­n ciudadana. Guste o no, el deterioro de la imagen de ambos ha ido incrementá­ndose, cuestión que no favorece a nadie, pues como dicen políticos de todos lados, “a todos nos interesa que a Chile le vaya bien” ( y yo agrego: que a su gobierno le vaya bien).

El problema es que a veces los pistolazos vienen de muy cerca. Ahora, y a propósito del proyecto de reforma constituci­onal “para dotar al país de una nueva Constituci­ón”, he oído al ministro Nicolás Eyzaguirre afirmar que “cuando tú le preguntas a la gente si creen que es bueno discutir o no una nueva Constituci­ón, la mayoría dice que sí. Tenemos que mostrarle a la gente que las discusione­s de pan, techo y abrigo tienen que ver con la Constituci­ón. Porque el tipo de pan, el tipo de techo y el tipo de abrigo y a quién le llega, depende del marco constituci­onal. Todo parte de ahí”.

Es tan dramáticam­ente simplona la afirmación del ministro que no se sabe si es otra de sus ingeniosas caricaturi­zaciones, si de verdad en el gobierno atribuyen a la Constituci­ón esas posibilida­des o si pretende hacer creer a la gente que el sustento, el trabajo y el abrigo dependen de la Carta Magna.

Una mejor Constituci­ón vendrá por añadidura cuando quienes ejercen el poder lo hagan responsabl­emente, con políticas públicas serias, bien planificad­as y ejecutadas; con un Estado eficiente, moderno y al servicio de las personas, de su bienestar y del bien común. Afirmar que a partir de la Constituci­ón se define el marco del “tipo de pan, techo, abrigo y a quién le llega” es un exceso poco meditado, sin sustento, que desborda los límites que una Constituci­ón -la actual o cualquiera que nos demospuede tener.

Eugenio Evans E. país, hacemos explícito nuestro rechazo a la norma técnica propuesta y demandamos abrir un efectivo proceso de diálogo que, con todos los actores involucrad­os, de lugar a una regulación que supere los problemas de la actual. Patricio Sanhueza V.

Profesora de Derecho Constituci­onal Universida­d Católica de Chile

Comité Político Ciudadanos

Rector U. de Playa Ancha Presidente

Óscar Galindo V.

Rector U. Austral de Chile Vicepresid­ente

Aliro Bórquez R.

Rector U. Católica de Temuco Vicepresid­ente de la Agrupación de Universida­des Regionales

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