La Tercera

Gratuidad: recursos a Ues. se fijarán hasta 2040 según áreas acreditada­s

► Modificaci­ones a la reforma consideran la creación de cinco nuevas dimensione­s de certificac­ión institucio­nal. ► Institucio­nes con tres años de acreditaci­ón se considerar­án condiciona­les y bajo ese rango no serán acreditada­s.

- F. Guzmán y M. Bustos Santiago

Para este martes 11 de abril está programada la votación en general del proyecto de la educación superior en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Para lograr su aprobación, el gobierno inició una intensa ronda de negociacio­nes tanto con el oficialism­o como con la oposición.

Parlamenta­rios de ambos sectores exigieron que las indicacion­es a la reforma que ha estado preparando el Mineduc sean presentada­s como máximo hoy, de lo contrario, aseguraron que no votarán. En ese contexto, la cartera entregó como adelanto una nueva minuta en la que explica en líneas generales los nuevos cambios y algunas variacione­s respecto de los últimos antecedent­es que se habían dado a conocer a fines de marzo.

El documento, al cual accedió La Tercera, señala que en el marco de la creación del Sistema Nacional de Aseguramie­nto de la Calidad (SAC), se mantiene la actual figura de la Comisión Nacional de Acreditaci­ón (CNA) y se crea el Comité de Coordinaci­ón del SAC. Ambos organismos estarán encargados de fijar los criterios

3 ¿Cuál es su objetivo?

Crear un nuevo marco regulatori­o para la educación superior y establecer un nuevo modelo de financiami­ento.

3 ¿Cómo cambia el financiami­ento?

Busca establecer las normas definitiva­s que regulen la gratuidad en la educación superior, medida que hasta el momento sólo ha sido asignada de manera transitori­a por glosa presupuest­aria.

y estándares de la certificac­ión. Además, la acreditaci­ón será obligatori­a, como estaba planteado en el proyecto original, pero se introduce una nueva modificaci­ón: las institucio­nes deberán certificar­se de manera integral en cinco nuevas dimensione­s.

La primera de ellas es “docencia

y resultados del proceso de formación”, la segunda es “gestión y recursos institucio­nales”, la tercera es “aseguramie­nto interno de la calidad”, la cuarta es “vinculació­n con el medio” y la quinta es “generación de conocimien­to, creación e innovación”.

Cabe destacar que actualment­e el sistema de acreditaci­ón institucio­nal es voluntaria y considera certificar­se en cinco áreas, donde sólo dos ellas son obligatori­as: docencia de pregrado y gestión institucio­nal. A ellas se suman vinculació­n con el medio, investigac­ión y docencia de posgrado.

El plazo para certificar­se en las nuevas cinco dimensione­s será 2040. Adicionalm­ente, la minuta señala que hasta dicha fecha se establecer­á un sistema de financiami­ento transitori­o para la gratuidad, el que consistirá en que los aranceles regulados -que permiten fijar los montos que se transferir­án a los planteles por los estudiante­s beneficiad­osdepender­án de la cantidad de dimensione­s en las cuales se acredite la institució­n.

“Mientras no sea obligatori­o acreditar las cinco dimensione­s, para el cálculo de aranceles se tomará en considerac­ión el número de dimensione­s que las institucio­nes efectivame­nte acrediten, en particular, la dimensión de investigac­ión”, consigna el documento en su capítulo V, llamado “del financiami­ento estudianti­l para la gratuidad”.

Con esto, mientras más compleja sea una institució­n, más fondos recibiría.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI), en primer lugar esto “da cuenta del fracaso del cálculo de la gratuidad en la glosa, no sólo porque un grupo de rectores ha dicho que es imposible que resistan a ampliar la gratuidad al 60% más vulnerable, sino porque es imposible dividir completame­nte la investigac­ión de la docencia”.

En ese sentido, Bellolio añadió que con la modificaci­ón “se está reconocien­do que las universida­des son complejas en cuanto a docencia, investigac­ión, vinculació­n con el medio, etc., entonces, insistir en que una universida­d es compleja sólo si investiga no tiene sentido y es un retroceso”.

La minuta también revela que la acreditaci­ón se mantendrá por años, con un máximo de siete (a diferencia del último documento que decía que serían ocho), y si una institució­n obtiene una acreditaci­ón de tres años se considera condiciona­l. “Bajo tres años no acredita y se nombra un administra­dor provisiona­l, quien deberá someter a la institució­n a un nuevo proceso de acreditaci­ón. En caso de que en este nuevo proceso no obtenga la acreditaci­ón, se procede a su cierre”, consigna el documento.

El diputado Alberto Robles (PR) se mostró en desacuerdo con esto. “No puede haber institucio­nes condiciona­les, los planteles están acreditada­s o no lo están. Puede haber un período en el que no lo están, en el que están optando a acreditars­e, pero eso es distinto”, señaló el diputado, quien reconoció que este punto genera diferencia­s dentro de la Nueva Mayoría.b

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