Contraloría revisa millonarias pensiones de invalidez en Capredena

► Jubilación llamada de “inutilidad de segunda clase” llega, en un caso, a cerca de $ 7 millones. ► Defensa pidió a las ramas de las FF.AA. revisar procesos que califican a los beneficiarios.

Fue en la comisión investigadora por las millonarias jubilaciones entregadas en Gendarmería y las Fuerzas Armadas, que un dato llamó la atención de los diputados.

Un general (r) de Brigada de la Fuerza Aérea (Fach), que hoy trabaja como abogado en un estudio jurídico, es quien recibe la pensión más alta en Chile, de $ 6.806.725 a julio de 2016. El oficial en retiro encabeza el listado de las 70 personas que perciben las jubilaciones más elevadas pagadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y que no están afectas al tope de 60 UF ($ 1,5 millones), ya que este rige solo para un grupo reducido de funcionarios de ese organismo. Así, a julio de 2016 sus pensiones oscilaban entre $ 3,5 millones y $ 6,8 millones. Pero además, de los 70 ex funcionarios, 51 se acogieron a retiro por “inutilidad de segunda clase”, es decir, el equivalente a una invalidez parcial en el sistema común. El general en retiro que recibe cerca de $ 7 millones mensuales es uno de los que recibe este tipo de jubilación. Todas estas jubilaciones son legales según el reglamento.

Se trata de pensiones que pueden ser solicitadas incluso después del retiro, que son heredables y que hoy están siendo revisadas por el Ministerio de Defensa y por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, debido a los costos que implican y a sus complejos procesos de otorgamiento, que incluyen, por ejemplo, el secreto del diagnóstico médico que las justifica. De hecho, Contraloría indica que “en el marco de los diversos procesos de revisión que está llevando a efecto respecto de las pensiones que paga Dipreca y Capredena, también se están revisando los citados casos”.

La “inutilidad”

La Ley Orgánica de las FF.AA, establece tres tipos de inutilidad: la de primera clase, que sencillamente imposibilita continuar en servicio; la de segunda clase, además de imposibilitar la continuación en el servicio, deja al individuo en inferioridad fisiológica para ganarse el sustento en ocupaciones privadas, y la de tercera clase, que impide en forma

6%

del ingreso es la tasa de cotización en Capredena, lo que se descuenta de las pensiones hasta los 65 años.

20

años de servicio efectivo se requieren para acceder al retiro , siendo la pensión 20% a 30% del último sueldo.

100%

de la última remuneración imponible obtiene como pensión un funcionario al cumplir 30 años de servicio.

definitiva, total o irreversible al individuo valerse por sí mismo, como es el caso de una persona con hemiplejia o ceguera permanente.

Mensualmente Capredena paga unos $ 5.526 millones por estas inutilidades, que representan el 8,6% del total de desembolso en pensiones, que alcanza $ 81 mil millones al mes, según cifras de la caja pagadora.

Del total, el 96% -unos $ 5.355 millones-, corresponden solo a las de segunda clase. Un dato no menor si se considera que las jubilaciones de Capredena son financiadas en un 93% con aporte estatal.

Si bien la ley es clara respecto de las restricciones laborales en cada inutilidad, la subsecretaria para las FF.AA., Paulina Vodanovic, afirma que la de segunda clase “lo que hace es limitar la posibilidad de que la persona se desempeñe en el sector Defensa (pero) no la inhabilita legalmente para desempeñarse en otras labores”.

En todo caso, agrega, “hago presente que dentro de las inutilidades de segunda clase que se otorgan, hay una gran cantidad de los requerimientos que son rechazados”.

De ahí que quien determina si procede o la inutilidad es otro tema clave entre los que están siendo revisados. Ello porque actualmente, la reso- lución y dictamen de estas pensiones es potestad exclusiva de la “Comisión de Sanidad” y de la “Comisión Central de Medicina Preventiva”, de cada rama de la FF.AA., según lo explica un documento de la comandancia en Jefe del Ejército, enviado a la Cámara de Diputados. De acuerdo a un informe de la Comandancia en Jefe de la Fach, también enviado al Parlamento, las decisiones en esta instancia no requieren sumario administrativo y que la Contraloría “ha sostenido en su jurisprudencia que ese organismo de control no es competente para revisar los datos clínicos que sustentan los pronunciamientos emitidos por la Comisión de Sanidad, dado su carácter de especializado y técnico” .

En el caso específico de la inutilidad de segunda clase explican que es “concedida a consecuencia de una enfermedad invalidante de carácter permanente. Cabe señalar que ni la Ley Orgánica de las FF.AA. establece norma especial alguna que permita modificar o dejar sin efecto la inutilidad declarada por la Comisión de Sanidad de cada institución”, dice el documento. Y se advierte además que esa instancia “carece de superior jerárquico”, por lo que sus decisiones no pueden ser impugnadas.

“Cuando uno ve montos de jubilaciones tan elevados, más allá de la legalidad, hay que revisar los procesos. Por eso hemos hecho una revisión de aspectos que podríamos mejorar y corregir ciertas situaciones, para que tiendan a equipararse un poco a lo que es la situación de las pensiones ordinarias”, dice la subsecretaria Vodanovic. Y agrega: “Las pensiones se otorgan y después nunca más se revisa la situación médica de la persona. Ese es un aspecto que hemos visualizado, ya que en algunos casos podría haber médicamente indicación de recuperabilidad, y la pensión podría ser revisada y quitarse ciertas asignaciones que fueron otorgadas en función de un diagnóstico”.

Asignaciones y montos

El tema de las asignaciones es también un punto de análisis, ya que en el cálculo de las jubilaciones por inutilidad se permite considerar algunas que no son imponibles y que no son consideradas para la pensión de retiro, como explica Cristián Rojas, vicepresidente ejecutivo de Capredena. Esto, además de elevar el sueldo base de cálculo y, por tanto, la jubilación, tiene distintas implicancias según el grado de la inutilidad. En la de primera clase, se consideran todas las asignaciones y bonificaciones, más un 10%, cifra que sube al 20% en segunda clase y a 30% en tercera clase.

Para el presidente de la comisión investigadora, diputado PS Leonardo Soto, “resulta incomprensible que un funcionario que se pensiona por invalidez, hoy día ejerzan como jueces de familia o sean dueños de estudios jurídicos. Y ahí hay un área gris que sería importante que tuviera mayores niveles de control externo. Las decisiones que toman estos doctores que entregan los certificados necesarios para obtener una pensión por inutilidad no son fiscalizadas ni auditadas por nadie. Ni siquiera pudimos conocer los nombres de los diagnósticos de las personas que hoy reciben esas pensiones. Creo que es importante realizar cambios legislativos en esta materia. Es tan intrincado y hermético el círculo que rodea todo este sistema que la comisión no pudo obtener mejores datos en torno a este tema”, asegura.b