Eliminación del CAE

Señor director:

En la era de la posverdad, ciertos eslóganes son verdaderos simplemente porque han sido repetidos hasta el cansancio. Es lo que ocurre con el Crédito con Aval del Estado (CAE), transformándolo en símbolo de casi todos los males que supuestamente aquejan a la educación superior.

De poco sirve mostrar los cientos de miles de jóvenes que gracias a él han podido estudiar en diversas instituciones de educación superior. Poco agrega al debate si uno osa decir que las condiciones actuales del CAE lo hacen prácticamente igual al Crédito del Fondo Solidario (sobre el cual nadie dice nada). Menos sentido tiene atreverse a comentar que las características del crédito que reemplazaría al CAE serán prácticamente las mismas, según anuncia la ministra de Educación: bajo interés (es difícil pensar que sea inferior al 2%, tasa actual del CAE); contingente al ingreso (tope de 10%, idéntico al CAE) y pagadero en un máximo de 15 años (el CAE se paga a 10, 15 o 20 años). En resumen, se cambiará un crédito que, con todo lo imperfecto que pueda ser, funciona muy bien, por otro que terminará siendo muy parecido, pero con una sola diferencia: no será originado por los bancos. Ese es, en definitiva, el pecado original del CAE, lo cual carece de toda lógica. Pero en épocas en que hablar de alianza público-privada ya no tiene sentido, es mejor no plantear estos argumentos.

La eliminación del CAE viene a ser el corolario de un conjunto de políticas públicas que se ha buscado implementar sin tener en mente el beneficio de los jóvenes, sino únicamente el beneplácito de un grupo político menor, que se arroga la representatividad de los movimientos sociales. Por último, supone una cuota adicional de incertidumbre para la educación privada, que en los últimos años ha vivido en aguas torrentosas gracias a los sistemáticos frentes que se han abierto desde el propio gobierno, todo lo cual tendrá indudables efectos negativos en el sistema de educación superior como un todo.

Juan Eduardo Vargas Duhart coalición gobernante se ha comportado de manera errática: no ha existido un apoyo granítico a éste en el Congreso, provocando un clima de imprevisibilidad total. Sin duda este proyecto ha sido el reflejo más claro de los problemas de gobernabilidad al interior de la Nueva Mayoría.

Unido a los cambios que ha tenido la política de gratuidad, esta gran reforma ha provocado una serie de incertidumbres. Esta situación merma la proyección estratégica de las instituciones, afectando directamente a los estudiantes, académicos y trabajadores de la educación superior, como al país en su conjunto.

Daniel Burgos Bravo

Vicerrector de Docencia de Pregrado Universidad del Desarrollo