Pensiones, una vez más
PRONTO EL gobierno deberá tomar decisiones cruciales acerca de qué proyecto de reforma enviará al Congreso. No ha sido posible consensuar posiciones, incluso al interior de la Nueva Mayoría. Aunque pareciera que la cifra del 5% de aumento en las cotizaciones ya está decidido, algunos argumentan a favor que el total vaya directamente a incrementar las cuentas individuales en las AFP. Otros están a favor de destinar el 5% adicional a un fondo común administrado por el Estado, probablemente por una institución financiera totalmente nueva y que ese fondo sea de reparto.
No cabe duda que los individuos van a tener que contribuir más a sus pensiones. El 10% actual no alcanza a financiar pensiones razonables, dando el mentís a que el sistema es un Rolls Royce al cual solo hay que echarle más bencina. La primera pre- gunta clave es: ¿Quién debe administrar ese 5% adicional? ¿Un ente público o las propias AFP? Una segunda pregunta: ¿Basta con cualquiera de estas dos opciones para que la gente tenga una mejor pensión? La tercera: ¿Se requiere algún esfuerzo por regular mejor a las AFP?
Con respecto a la primera, pareciera un contrasentido crear una nueva entidad para administrar el 5% adicional. La administración por una nueva institución del Estado vendría a duplicar, a costos más altos, una función que las AFP ya hacen eficientemente (contrariamente a lo que asevera No+AFP). Por otra parte, lo más sensato es que seamos todos los chilenos a través de nuestros impuestos quienes financiemos una mejora sustantiva del pilar solidario del sistema de pensiones.
¿Basta con esto? No lo creo. La contri- bución de un 5% adicional, con reparto o sin él, no soluciona los problemas que tiene el sistema actual: las lagunas previsionales; la alta informalidad que exhibe el empleo en Chile, dejando fuera a una proporción elevada de los trabajadores; y las bajas remuneraciones de la mayoría de los chilenos. Más efectivo sería fortalecer el pilar solidario para aquellos cuyas pensiones caigan por debajo de un cierto mínimo.
Mi respuesta a la tercera pregunta también es negativa. Las AFP constituyen un oligopolio establecido por el propio Estado, y sus elevadas utilidades indican que están mal reguladas. Para empezar, las comisiones deben depender no de los ingresos de los cotizantes sino del volumen de fondos administrados, lo que alinearía los incentivos de las administradoras con los intereses de los trabajadores. Segundo, el objetivo de la regulación debiese ser que la rentabilidad de la industria sea razonable pero no excesiva. Confiar solo en mayor competencia, sea de privados o de un ente estatal, es una quimera: en todo el mundo, los costos de administración en la industria financiera se reducen al aumentar el tamaño de las instituciones participantes, por lo que la industria tiende por sí sola a la concentración. Eso ha sucedido también en Chile. Por lo tanto, la regulación apropiada de las comisiones que cobran las AFP debería ser un objetivo central de la reforma previsional que la autoridad está contemplando.
La regulación apropiada de las comisiones que cobran las AFP debería ser un objetivo central de la reforma previsional.