Menores que trabajan
Señor director:
Recientemente, en La Tercera se dio a conocer que uno de cada cuatro adolescentes de 15 años trabaja en Chile, agregándose en una bajada de la nota que “estas actividades impactan negativamente el aprendizaje de los adolescentes”. Lamentablemente esta frase puede llevar a conclusiones erradas sobre políticas públicas, como podría ser prohibir el trabajo adolescente.
Al analizar el impacto de una acción es vital identificar la causa y el modo de transmisión de ese efecto, el cual no está bien definido al hablar de trabajo adolecente y desempeño escolar. En la Encuesta Nacional sobre Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (Enna), el 69% de los niños y adolescentes dice trabajar para tener su propio dinero o por entretención, y este es el dato con el que se quedan los expertos. Sin embargo, la realidad es otra. Como adolescente tuve la oportunidad de trabajar tres años como empaque en un supermercado. Al preguntar por qué trabajaban, mis compañeros respondían, por ejemplo, que lo hacían para comprar un equipo de música, cuando la verdad era otra: nadie cuenta con soltura que trabaja para mantener a una madre alcohólica, a una hermana menor o para tapar el hoyo económico de un padre que abandona el hogar.
El trabajo adolescente en Chile es síntoma de crisis familiares que nuestro sistema de seguridad social no es capaz de apoyar, y trae consigo estimas que dificultan su análisis.
Afirmar que el trabajo adolescente reduce el desempeño escolar omite que los jóvenes trabajan debido a que están, en su mayoría, enfrentando problemas mucho más graves. Son estos problemas, y no el trabajo, los que podrían estar dañando el desempeño escolar. Debido a la errónea lectura de las causas del trabajo adolescente, algunos proponen prohibirlo, lo que obligaría a estos jóvenes a trabajar en la más completa desprotección e informalidad, alejándonos incluso del promedio de la Ocde, donde el 23,3% de los jóvenes dice trabajar (Pisa 2015). Debido a que el trabajo adolescente es una dura realidad fuera del control de los jóvenes, el rol del Estado debería ser apoyarlos y subsidiar su contratación formal para que tengan salud y un seguro de cesantía. Debido a que en estos casos el Estado no llega a entregar seguridad social efectiva, sería inmoral impedir que las personas bajo sus propios medios se apoyen a sí mismas.
Francisco Meneses P. MPA/ID Harvard Kennedy School Exjefe de Estudios Mineduc