Ley de educación superior
EL GOBIERNO presentó una indicación sustitutiva al proyecto de Educación Superior, donde excluyó artículos que serán materia del reglamento. Ello pudiera acelerar el trámite, pero como el camino reglamentario es peligroso cuando la ley es imprecisa, el beneficio de la agilidad no puede hacerse a costa de claridad y certeza.
La indicación contiene avances, como por ejemplo mantener la autonomía de la CNA y hacer obligatoria la acreditación para todas las instituciones. En las carencias, el proyecto es desbalanceado. Una ley de educación superior que se proyecte debe concebir al sector técnico profesional (TP) como parte integrante del sistema, vinculándole al sector universitario. Las instancias de trabajo que hoy tiene el sector TP con el Mineduc y el sector productivo (Consejo de Educación
TP), son significativamente mayores a las que nunca tuvo. Sin embargo, se requiere una instancia en que el sector universitario y el TP trabajen juntos con el Estado y potencien ahí complementariedades que hoy poco se dan. Peor aún, la indicación no corrige la exacerbación de nichos dentro del sector universitario (pertenencia al Cruch), y el anuncio del proyecto de universidades estatales genera otro, sin que la frontera de esos nichos sea la calidad.
Desde la perspectiva de lo TP, la mayor debilidad de la indicación es en lo que no está. No hay una norma que termine la discriminación en contra de la naturaleza y continuidad del estudio TP. Hemos visto una creciente presión de gremios, que ahora se ha traducido en un proyecto de ley con suma urgencia, que dispone de nichos protegidos a “carreras de exclusividad universitaria”. La reglamentación en base de calidad y su supervisión adecuada hace innecesaria y profundamente negativa esta ola de diferenciación, sin fundamento en la calidad, único impulsor de una ley con promesa de futuro.
En el mismo sentido, el proyecto mantiene la limitación del desarrollo de los alumnos hacia estudios de posgrados, incluso aquellos propios de la naturaleza TP. Terminar con esta limitación requiere una homologación del título profesional TP a la licenciatura universitaria, que valide para efectos de continuidad de estudios las trayectorias diferenciadas existentes. Ello permitiría que los egresados TP accedan a una infinidad de posgrados propios de su naturaleza, y al financiamiento de Becas Chile, un programa que para los alumnos TP hoy es excluyente.
Finalmente, la indicación sustitutiva elimina una fuente de financiamiento para inversión y desarrollo que contenía el proyecto original y que si bien no estaba solo asociada a las instituciones TP, no las excluía. El futuro del sector TP requiere de un despegue significativo de instituciones de calidad mundial, equivalentes a los politécnicos finlandeses, canadienses, entre otros, para que innoven en sus métodos de enseñanza, mejoren sus ambientes de aprendizaje, innoven en sus prácticas docentes, y para que califiquen a sus profesores. Todo ello requiere de recursos y de una mirada diferente a la que ha prevalecido en Chile, que le exige muy poco al mundo TP, que erróneamente espera de ellos lo que de universidades masivas, en parte por desconocimiento, en parte por historia, pero en gran parte por no darse el tiempo de verificar el potencial que tiene el sector TP como camino único de educación e impacto social.