Sorpresivo llamado de Maduro a una Asamblea Constituyente Con esta convocatoria, el mandatario venezolano apunta a ganar tiempo y seguir concentrando el poder, a expensas, incluso, de la Constitución del propio Hugo Chávez.
LA CRISIS política y social de Venezuela entró esta semana en una etapa aún más crítica a la que ya ha vivido durante los últimos años. En lugar de responder al llamado de amplios sectores del país que se han movilizado durante más de un mes a que se realicen elecciones generales para salir de la actual situación de polarización y violencia -con un dramático saldo de más de 30 muertos-, el presidente Nicolás Maduro decidió patear el tablero. Obviando incluso los mecanismos democráticos estipulados en la propia constitución aprobada por Hugo Chávez, el mandatario venezolano decidió cambiar definitivamente las reglas del juego y convocar en forma sorpresiva a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta fundamental cuyos alcances aún se desconocen. Una medida que no solo agrava la crisis sino que aparece como un camino para ganar tiempo, concentrar aún más el poder, dejar en el limbo las elecciones presidenciales de 2018 y anular a la Asamblea Nacional hoy de mayoría opositora tras las elecciones legislativas de 2015.
Maduro dio a conocer inicialmente la medida el lunes pasado en un acto masivo en Caracas y el miércoles entregó la convocatoria oficial a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, donde se despejó solo parcialmente la confusión que dejó el anuncio inicial. La Asamblea tendrá 500 miembros. El mandatario venezolano había dicho inicialmente que al menos la mitad de ellos serían elegidos por sectores populares de base, organizaciones obreras y campesinas y la otra mitad por los municipios. Sin embargo, en el documento publicado en el diario oficial el jueves se señala que los escaños “serán asignados en una elección organizada por el CNE mediante el voto universal, directo y secreto”. Contradicciones que dejan legítimas dudas y se suman al hecho de que la falta de independencia del CNE –de sus cinco miembros solo uno no está ligado al chavismo- plantea una evidente inquietud sobre la transparencia de todo el proceso.
La medida de Maduro no solo es un claro intento por anular a la Asamblea Nacional controlada por la oposición, seguir concentrando el poder y acabar con las ya mínimas garantías democráticas que aún sobrevivían en Venezuela, sino que incluso viola los propios preceptos establecidos en la constitución aprobada por su mentor Hugo Chávez. La actual constitución establece que para la realización de una Asamblea Constituyente se requiere la recolección de firmas equivalentes al 15% del padrón electoral -cosa que no se ha realizado- y luego debe ser la ciudadanía a través de un referéndum la que ratifique los cambios propuestos, consulta que tampoco ha sido anunciada. Además, se debe consultar a la Asamblea. Por ello, la decisión no solo aparece como una estrategia del presidente venezolano para seguir socavando la institucionalidad, eliminando los espacios de disidencia y consolidando un régimen autoritario y antidemocrático, sino que incluso es inconstitucional. Es un camino que en lugar de promover el encuentro, como dijo la titular del CNE, solo acrecienta la tensión y termina favoreciendo el enfrentamiento.