La Tercera

Denuncias por delito de aborto disminuyen entre 2010 y 2016

► La policía civil recibió 26 reportes por este hecho en 2010, cifra que cayó a sólo 14 durante el año pasado. ► Expertos apuntan a uso de métodos que evitan acudir a un centro asistencia­l y a una nueva visión menos punitiva de este tema.

- Judith Herrera C.

Una disminució­n de las denuncias por el delito de aborto en todas sus formas, entre 2010 y 2016, revelan los datos entregados por la Policía de Investigac­iones (PDI), a través de la Ley de Transparen­cia.

De acuerdo a la informació­n, en 2010 se recibieron un total de 26 denuncias; 14 de ellas por el delito de aborto consentido, ocho sin consentimi­ento y cuatro donde hay médicos involucrad­os.

Mientras, en 2016, estos reportes se redujeron a 14 y, de ellas, 10 fueron por aborto consentido, tres sin consentimi­ento y sólo una en la que está acusado un profesiona­l de salud.

Al respecto, Claudia Dides, directora de la Corporació­n Miles, afirma que “una razón detrás de esta baja es que se está denunciand­o menos en los hopitales. El segundo aspecto es que hoy se usa más el misoprosto­l, en forma segura, lo que hace bajar los abortos de riesgo y, en tercer lugar, se debe a que actualment­e hay más grupos y organizaci­ones políticas mirando lo que ocurre con la criminaliz­ación de esta materia”.

Anita Román, presidenta del Colegio de Matronas, dice que “hoy es más masivo el uso de sustancias que provocan aborto sin necesidad de acudir a un centro asistencia­l, lo que baja la posibilida­d de la denuncia”.

El debate sobre el tema se ha mediatizad­o. Actualment­e, el foco está en la Comisión de Salud del Senado, que debate el proyecto que despenaliz­a el aborto terapéutic­o en tres causales: riesgo vital de la madre, inviabilid­ad fetal y en casos de embarazo por violación.

Al respecto, Román indica que “según las encuestas, más del 70% de la población apoya ese proyecto, por lo que culturalme­nte la mirada contraria ha cambiado, hoy existe una visión menos punitiva”.

Sin embargo, Tomás Henríquez, director ejecutivo de Comunidad y Justicia, dice que “las denuncias que se hacen es por situacione­s donde hay conocimien­to de alguien que lo está haciendo médicament­e, por medios que son ilegales en Chile. Que tengamos menos

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