La Tercera

PDI incauta documentos del centro de Coanil indagado por maltratos

► El fiscal dio la orden de investigar a la Brigada de DD.HH. de la policía civil. ► Cinco personas serían imputadas. Entre ellos, el director de la residencia.

- David Aguayo C.

La Fiscalía Occidente y la PDI iniciaron las primeras diligencia­s en torno a la denuncia de presuntos maltratos a tres jóvenes quienes estaban al cuidado de funcionari­os de la residencia Alihuén, dependient­e de Coanil, en Buin.

La noche del viernes, cuando se conocieron los hechos a través de videos en que aparecían las víctimas amarradas boca abajo en una camilla portátil, el Ministerio Público decidió abrir la causa penal, que quedó en manos del fiscal jefe de San Bernardo, Gamal Massú.

Según se ha establecid­o, los tres afectados -entre los que se encuentra un adolescent­e de 17 años- tienen discapacid­ad cognitiva.

Ese mismo viernes, el persecutor y efectivos de la Brigada de DD.HH. de la PDI incautaron los libros de novedades y documentac­ión de esta residencia.

Se determinó, además, que serían cinco los imputados por los presuntos maltratos en contra de los jóvenes: el director del centro, de iniciales G.I.R.R., el terapeuta ocupaciona­l (I.R.R.), la psicóloga (N.B.G.G.), la asistente social (D.A.V.V.), y un educador de trato directo, a quienes se les citó a declarar. El miércoles 3 de mayo estas personas habían sido desvincula­das del centro por orden del Juzgado de Familia de Buin.

Massú indicó que optó por la Brigada de DD.HH. de la policía civil porque “he tenido otros casos donde he trabajado con la misma unidad y sé cómo funcionan en este tipo de casos”.

El persecutor aclaró también

►► que “las penas que se arriesgan por este tipo de delito podrían llegar a la pena de crimen, que es una de presidio mayor en su grado mínimo. Es decir, sobre cinco años y un día”.

En esta causa, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se querelló contra la dirección de la residencia Alihuén.

Coanil, en tanto, explicó que las imágenes difundidas “carecen de contexto” y que se siguieron los protocolos de contencion­es.

Rol del Sename

El tribunal de familia dispuso que la residencia fuera administra­da provisiona­lmente por el Sename. Esto reabrió el debate por el rol que ha tenido el organismo en el cuidado de este tipo de hogares. El gobierno, a través de su vocera, Paula Narváez, destacó la in-

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FOTO: MARIO TELLEZ Debido a un amago de incendio originado por los residentes, un radiopatru­lla de Carabinero­s custodia el centro Alihuén de Coanil, en Buin.

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