Fondo de infraestructura
Hace unos días nos enteramos por la prensa que el gobierno de Australia planea invertir US$ 55 mil millones en los próximos años en un plan de infraestructura pública, el que incluye carreteras, ferrocarriles y otras obras, con el fin de estimular la economía y el crecimiento de los salarios, así como mejorar productividad de cara a la competencia que representa China en toda la región de Asia y Oceanía.
En Chile no andamos tan lejos en cuanto a necesidades de inversión en infraestructura crítica para el desarrollo. Según cálculos de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), se requerirían US$ 58 mil millones en el período 2016-2025 en los mismos ítems contemplados en el plan australiano, y si sumamos aeropuertos, espacios públicos, hospitales y agua, la cifra se empina a casi US$ 78 mil millones. Es decir, US$ 7.800 millones por año. La realidad dista mucho de lo que eventualmente se necesita. Engantes tre el presupuesto del MOP y los desembolsos de concesiones, en los últimos años se han invertido cerca de US$ 3.000 anuales, menos de 40% de lo que se requeriría en forma crítica.
Para avanzar en el cierre de esta brecha, el gobierno tramita actualmente en el Congreso la creación de un Fondo de Infraestructura (FI), bajo la figura de una sociedad anónima estatal. A pesar de lo atractivo que aparece a primera vista el concepto, existen muchas interro- por enfrentar. La primera es por qué no se recurre a relanzar un plan de concesiones que eleve los actuales desembolsos de US$ 700 millones al año a un número más cercano a los US$ 1.500 millones habituales a comienzos de la década pasada, en obras que puedan financiar su operación con recursos levantados de los usuarios (e.g. peajes) o con subsidios que reemplacen los desembolsos de gastos que haría el Estado si operara directamente las obras construidas (e.g. hospitales). Este eventual relanzamiento está trabado hoy no por la falta de interés y recursos financieros de eventuales interesados, sino más bien por debilidades institucionales del MOP, incluyendo la falta de proyectos evaluados y priorizados, y por lo enrevesada que se ha puesto la tramitación de las etapas regulatorias medio ambientales y sus crecientes aristas judiciales. La resolución de estos problemas es una condición necesaria también para el éxito que pudiera tener un FI.
Es claro que el objetivo cuantitativo del FI es ambicioso. Contaría con un patrimonio entre US$ 3.000 y US$ 9.000 millones (el valor presente de los flujos de peajes de las obras que retornan al Fisco y de las que son construidas directamente por él), que se usaría para apalancar en el mercado de capitales una suma que podría llegar a 10 veces ese patrimonio. Pero la verdad es que esos recursos son una forma de deuda cuasi fiscal que, de llegar a su máximo, sería mayor que toda la deuda pública actual. Aunque no alcanzara esos extremos, de igual forma podría haber un impacto negativo en la clasificación de riesgo país, encareciendo eventualmente el costo de financiamiento de proyectos de inversión. Esto no es baladí cuando la forma de gobierno corporativo que se ha propuesto para el FI no da plena garantía de una administración independiente del gobierno de turno, lo que es muy relevante considerando que los proyectos de infraestructura trascienden en su estudio y ejecución a un período presidencial.
En síntesis, es loable el interés por acrecentar la inversión en infraestructura de uso público que inspira al gobierno pero el proyecto de FI en trámite parlamentario conlleva una cantidad importante de riesgos económicos y políticos. Parece preferible remover previamente trabas burocráticas, regulatorias e institucionales que inhiben actualmente la construcción de esta infraestructura, sea en la forma de obras concesionadas o abordadas directamente por el Estado. Segundo, realizar algunas modificaciones legales facilitadoras de las concesiones (como aumentar el premio por iniciativas privadas). Y tercero, crear un fondo con los recursos que se vayan paulatinamente generando con las relicitaciones de obras que expiran contrato u otras que pasen de administración estatal a concesionada. Este fondo, más acotado que el propuesto por el gobierno, puede ser una empresa pública, pero configurada de un modo que la haga inmune a las presiones políticas oportunistas.