Abandono de concesiones hospitalarias
La decisión del Ministerio de Salud, basada en inexplicables prejuicios ideológicos, priva al país de infraestructura que resulta indispensable.
LA SENADORA y candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, sorprendió a sus aliados de la Nueva Mayoría (NM) al plantear que la decisión del actual gobierno de desechar las concesiones hospitalarias fue un error, el cual ella espera revertir en un eventual gobierno suyo. “Lo que vemos acá es que los ideologismos de café han significado no utilizar un mecanismo que permite avanzar con mayor celeridad en la reposición de infraestructura hospitalaria (…) La discusión ideológica sobre un mecanismo nos inmoviliza”.
Esta declaración constituye un desmarque de las políticas que hasta ahora ha impulsado la NM, las cuales han estado impregnadas de un fuerte sesgo estatista y una profunda desconfianza hacia la iniciativa privada. Los dichos de la senadora no hacen más que dejar en evidencia que la decisión de abandonar las concesiones respondió simplemente a un capricho ideológico, sin mayor sustento técnico y en cambio abundante en prejuicios injustificados. Tal sesgo queda nítidamente de manifiesto luego de las duras críticas del Partido Comunista hacia la senadora Goic, o por los dichos de un diputado oficialista y miembro de la Comisión de Salud, quien acusa que las palabras de Goic no hacen sino “pavimentar la senda a la privatización de los hospitales”.
Aunque es un paso positivo, los cuestionamientos a la política de concesiones por parte de la DC son tardíos, cuando el daño ya se ha producido y su reversión no será sencilla. Cuán distinta hubiese sido la historia si el partido, en vez de sumarse sin reservas al programa refundacional de la NM, hubiese salido oportunamente al paso de estas políticas regresivas, no solo en el ámbito de la salud, sino en todas aquellas áreas donde el reformismo erosionó la iniciativa privada y trastocó la vida de muchos, ya sea por la pérdida de empleos estables, o por las incertidumbres provocadas en la educación particular subvencionada.
En el caso de la salud, las cifras son elocuentes en cuanto a las carencias existentes, y lo apremiante que resulta contar con nueva infraestructura. El promedio de camas hospitalarias por habitante sigue siendo insuficiente, más de 1,8 millones de personas esperan por una consulta médica (no GES) o por una cirugía. Si a ello se suman los crecientes costos en las prestaciones de salud -que obligan a que el presupuesto fiscal sea utilizado con especial rigor y bien focalizado-, la decisión que adoptó el Ministerio de Salud de detener el programa de hospitales concesionados resulta inexplicable. La evidencia muestra que los hospitales actualmente concesionados en general exhiben buenos indicadores en aquellas áreas bajo gestión privada -que en general excluyen la gestión médica, a cargo de los respectivos servicios de salud-, en tanto el costo de construcción sigue siendo menor que aquellos hospitales construidos directamente por el Estado.
No hay razones técnicas de peso que avalen la decisión de no seguir adelante con las concesiones -éstas se han basado en un modelo de asociación público-privada que al país le ha traído abundantes beneficios-, pero la ciudadanía sí está pagando el costo de estos prejuicios ideológicos. La meta de construcción de nuevos hospitales al término de este gobierno no podrá ser cumplida, lo que retarda el acceso a salud para vastos sectores del país.