Villalobos declaró por caso de DD.HH. ante juez Carroza

► Interrogatorio se llevó a cabo hace dos meses, en la Escuela de Carabineros.

Equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros y el OS-7 llegaron el miércoles hasta la comuna de Olmué, en la Región de Valparaíso, para rastrear la eventual existencia de parte del dinero malversado en el fraude a la policía uniformada, el cual supera los $ 17.500 millones.

Uno de los objetivos centrales en la investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, es encontrar el dinero defraudado, el que, según dijeron fuentes del caso, estaría repartido en efectivo y escondido en distintos lugares.

En esa misma línea, los imputados en el caso han declarado ante la fiscalía sobre cómo se repartían los fondos. Según trascendió, los oficiales en retiro del Escalafón de Intendencia de Carabineros, Jaime Paz (coronel), Pedro Valenzuela (teniente coronel) y Héctor Nail (teniente coronel) dijeron al equipo investigador que ellos hacían entrega del dinero en efectivo al general (R) Flavio Echeverría, ex jefe del Departamento de Finanzas de Carabineros.

Los imputados señalaron que hasta 2016 le entregaron al ex miembro del alto mando de Carabineros bolsos, mochilas y cajas de licores con dinero en efectivo, como parte del modus operandi que tenían para esconder el dinero malversado.

Además, los investigadores han establecido que el ex jefe de Finanzas habría obtenido cerca de $ 1.700 millones, a través del desvío de fondos, desde las cuentas institucionales de la policía uniformada, del cual cerca de $ 420 millones han sido puestos a disposición de parte del imputado a la fiscalía. De ahí nace la necesidad de los peritos de encontrar los dineros que los imputados habrían malversado. Es por ello que los policías llegaron hasta Olmué, específicamente hasta la calle rural Víctor Domingo Silva, donde se logró ubicar una propiedad del ex jefe del Departamento de Finanzas de Carabineros, general (R) Flavio Echeverría.

Con una orden autorizada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los policías entraron a la vivienda para detectar el dinero, el que, sospechaban, podría haber estado escondido en el lugar. Así lo confirmaron fuentes de la causa, quienes agregaron que se registró toda la casa, incluso bajo tierra, en un pozo de agua, para lograr hallar el dinero que resta, el que finalmente no fue encontrado en el lugar.

Sobre las probabilidades de recuperar los recursos defraudados, el fiscal Campos sostuvo ayer que “todos nuestros esfuerzos están concentrados en eso, podríamos ser positivos y alcanzar un alto porcentaje. Nuestro interés es cautelar no tan sólo las responsabilidades penales de los involucrados, sino también las responsabilidades civiles”. Además, en la investigación surgió un nombre a indagar: el coronel (R) Renato Saravia Lagrezze, quien se desempeñaba en la Contraloría de Carabineros en 2015. Según fuentes del caso, Echeverría le habría pedido a Héctor Nail que depositara dinero en la cuenta de Saravia, aunque este último se habría opuesto en una primera instancia.

De acuerdo a los testimonios entregados por algunos imputados ante la fiscalía, ante la negativa de Saravia para recibir los dineros, Echeverría lo habría amenazado con despedir a la hija del coronel (R) desde el Departamento de Finanzas.

Ayer la fiscalía formalizó a 11 personas más en el caso. Se trata de la imputación de cargos a civiles por su presunta participación en la recepción de los dineros. El abogado Pablo Villar, quien representa a tres de los formalizados, dijo que “fueron contactados por un tercero para que facilitaran sus cuentas. No sabían que eran depósitos de Carabineros”. ● La Escuela de Carabineros en Providencia fue el lugar que escogió el general director, Bruno Villalobos, para que se concretara, hace dos meses, el interrogatorio ante el ministro en visita Mario Carroza, en el marco de la indagación por la muerte del estudiante de la Fech Patricio Manzano. Este caso se produjo en febrero de 1985, durante los trabajos voluntarios de la U. de Chile.

La causa se había sobreseído; sin embargo, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en 2015, ordenó una serie de diligencias para establecer la participación de organismos de inteligencia en eventuales apremios ilegítimos que terminaron con la vida del estudiante de Ingeniería.

La Brigada de DDHH de la PDI recabó entonces información sobre quiénes fueron los uniformados que participaron de la detención de los alumnos de la Fech ese 8 de febrero en Los Andes, lugar hasta donde se habían trasladado los estudiantes. En la lista recabada por los policías aparecía el nombre del actual general director de Carabineros, quien en esa época integraba, a sus 25 años, una rama de las Fuerzas Especiales que habían sido enviadas desde Santiago para trasladar a los alumnos detenidos en San Felipe, Lo Calvo, Patagual y Los Andes.

Por ser hoy la máxima autoridad de la institución uniformada, Villalobos -tras la citación de Carroza- pudo fijar como lugar para desarrollar la diligencia la Escuela de Carabineros. Según conocedores del testimonio, el alto oficial habría reconocido haber estado en Los Andes, sin embargo, dijo haber estado fuera del recinto donde los estudiantes acusan haber sido víctimas de tortura por parte de personal de la CNI y de los carabineros que los custodiaban. Por tal motivo, declaró no haber presenciado ninguno de los vejámenes denunciados.

Manzano es llamado el primer mártir de la Fech y la defensa ha apuntado a la responsabilidad de las autoridades de Interior de la época, solicitando en reiteradas ocasiones a Carroza que interrogue al ex ministro Sergio Onofre Jarpa y a su ex subsecretario Alberto Cardemil. Según recuerdan sus compañeros en el libro Sueños de Victoria, de Marcela Campos, el estudiante habría muerto tras una crisis respiratoria, que terminó en un paro cardíaco, en el marco de las detenciones ordenadas por Interior contra los voluntarios que se encontraban en Los Andes. Posteriormente, fueron trasladados hasta la Primera Comisaría de Santiago por Fuerzas Especiales.

En entrevista a CNN Chile, el ministro del Interior, Mario Fernández, dijo que “el asunto está en conocimiento del gobierno”, y agregó: “Entiendo que está libre de toda culpabilidad. El juez Carroza es un juez muy exigente, todos sabemos eso, especialmente en materia de derechos humanos, y nunca lo ha inculpado y nunca lo ha formalizado”.b